Y a se sabe -gracias a la praxis del sanchismo, socialdemocracia bailando un tango de fantasía con el populismo- que el progresismo incluye estados de alarma de seis meses y un Gobierno que actúa a golpe de real decreto. Dada su minoría y su escasa proclividad hacia el acuerdo con el fascismo (el fascismo es el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria) el Gobierno debe buscar acuerdos, decreto por decreto, y el de ayer, donde supuestamente se despliega un conjunto de medidas y cambios jurídicos, administrativos y organizativos para gestionar óptimamente las perras del Fondo Europeo de Reconstrucción, que para España representarán unos 140.000 millones de euros de aquí al 2027, la mitad, para invertir en proyectos relacionados con la digitalización y la economía verde que te quiero verde. ¿Cómo consiguió aprobar el decreto esta vez el Ejecutivo? Gracias a la abstención de Vox –distraído un distante de las voces de los Reyes Católicos para la reconquista de España– y el voto favorable de Bildu.
El decreto ley expone las cosas tal y como se temía. Ya se sabe que la mayor parte de los países civilizados han optado por una sociedad u organismo de carácter público y extraordinario para gestionar los 74.000 millones para la inversión y fiscalizar el desarrollo de las reformas estructurales que la UE reclama a cambio. Un organismo técnico y con el suficiente respaldo legal y normativo para mantener la autonomía necesaria frente al Gobierno de turno. En España no será así. Qué tecnocracia ni que leche ecológica. Quién controlará las perras, modelando ladridos y lágrimas, será Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Calviño a su vera, y por debajo, el director general de Fondos Europeos, que responde jerárquicamente frente a los dos anteriores. Por supuesto, en ausencia de la sociedad pública tecnocrática y anónima, que podría sortear el selvático entramado normativo y reglamentario para la gestión de esa mole de dinero, estamos obligados a contratar más funcionarios, y no sólo se trata, como se ha dicho en Canarias, de contratar a un equipo de técnicos solventes –una suerte de élite conyuntural cuyo objetivos prioritarios serán introducir elementos de racionalidad y objetividad valorativa y agilizar la administración– sino también a administrativos y auxiliares que sirvan de apoyo. Un pequeño ejército. Y estamos ya en febrero sin que se conozca la convocatoria –una de las consecuencias de no apoyar este decreto hasta finales de enero–.
En abril Bruselas estudiará –y aprobará o no– los proyectos de inversión que presente el Gobierno español. Lo razonable sería que antes de marzo las autoridades autonómicas remitieran sus propuestas a Madrid, donde la última palabra la tendrá –no desde un punto de vista técnico-administrativo, sino político– el señor Pedro Sánchez, auxiliado por Calviño, por si no entiende algo. Es un poco grimoso, porque parece muy dudoso que el presidente no aplique criterios de oportunidad política (la suya) a lo que le manden desde las periferias ricas y pobres del Estado. ¿Y Canarias? Pues respecto a los proyectos de inversión no se sabe absolutamente nada. Los tiene el viceconsejero de Presidencia y supuesto cerebro gris del Ejecutivo, Antonio Olivera, guardados en alguna gaveta, con copia en su espina dorsal. En realidad Olivera encierra un triple misterio: qué es lo que hace exactamente en el Gobierno autónomo, por qué sonríe tanto y cómo consigue su espléndida discreción teniendo –como tiene – la información más amplia de la administración autonómica que acumule ningún mortal, incluyendo Ángel Víctor Torres. Es el máximo responsable, en la sombra, de la recapitalización de la economía canaria en los próximos dos años y medio como paso previo a su modernización y sería estupendo que alguna vez, mientras Román Rodríguez duerme su siesta de viejo iguanodonte, nos contara cómo va el apocalipsis.
