Mientras la epidemia permanece más o menos estable en el resto del archipiélago, en Tenerife está disparada. No creo que se trate de una situación enigmática. Solo tienen ustedes que darse una vuelta por el centro de la capital. La gente ha aprendido a usar la máscara sin usarla y, misteriosamente, todos los subsectores económicos (los restauradores, los gimnasios, los comercios y supermercados) proclaman que en sus respectivos ámbitos la tasa de contagios es insignificante y que el personal solo contrae en virus en contactos familiares y sociales. Tal vez. Pero está uno harto de ver a ciudadanos que toman copas o cafés en las barras, con un ojo puesto en el exterior, o que nada más sentarse en la terraza se quitan la mascarilla y se pegan una hora de palique entre risas y fiestas mientras al lado un individuo se separa lo justo de las mesas para fumar como un descosido. Ni se le ocurra pedir que apague el cigarrillo, porque salta una fiera al que solo se puede tratar a hostia viva, y terminará usted delante de un juez.
Tenerife probablemente vuelva al nivel tres inmediatamente después de Semana Santa, con las UCI copadas y los hospitales a reventar. Esta convivencia enervante entre vacunas, infectados, muertos, fallidos brotes económicos y psicopatologías en expansión no comenzará a superarse de verdad hasta el otoño, cuando estará vacunado el célebre 70%. Tanto en el Gobierno autonómico y su mayoría parlamentaria como la oposición siguen temerosamente los datos y arrecían los debates internos sobre los resultados de los cambios y decisiones políticas que se han tomado en Madrid y sobre Madrid y su influjo futuro en el resto de España, Canarias incluida. Yo creo que no tendrá ninguno, salvo desde un punto de vista formal. Ganará el que esté dispuesto a cualquier cosa para hacerlo. Como en Madrid.
Faltan más de dos años para las próximas elecciones autonómicas. Lo más probables es que en la primavera de 2023 Canarias haya recuperado el pulso económico, pero el paisaje devastado que hoy vivimos no habrá podido superarse: un alto y resistente desempleo, una desigualdad creciente, un consumo todavía débil y unas empresas altamente endeudadas que en muchos casos se descubrirán inviables si el auxilio financiero del Estado. La irresponsabilidad de los partidos que dirigen este país reside en su radical negativa a contar el panorama poscovid que prevén empresarios, sindicatos y consultores a los ciudadanos. El problema de salud –durísimo– se podrá resolver básicamente durante los próximos seis meses, pero el impacto económico de la pandemia, que ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de la economía canaria, tardará años en superarse, aun disponiendo de recursos financieros extraordinarios. Un lustro a partir de finales de este 2021, apunta el profesor Rivero Ceballos basándose en la experiencia histórica acumulada.
Esta crisis es una guerra de desgaste para los ciudadanos. Económica, laboral, social y psicológicamente. Después de una experiencia traumática para la mayoría social no sé seguro –en absoluto– que los ciudadanos voten agradecidamente a quienes gestionaron la catástrofe o premien a una oposición responsable que mantuvo una voluntad de colaboración. Me temo que no será así. Con independencia de que en mayo de 2023 la tasa de desempleo esté en el 20% o en el 30% los electores llegarán a las urnas agotados y ganará quien ofrezca un relato que transforme ese cansancio, agobiado por un agudo sentido del fracaso, en un proyecto verosímil y que actué contra algo: contra el Estado, contra el pasado o el futuro, contra una élite política que no ha hecho más que deslegitimarse democráticamente. Y ya a nadie importa.
