Cuando la comunidad de Minneapolis, Minnesota, (EEUU), vota unánimemente un acuerdo prejudicial con la familia de George Lloyd de 26 millones de dólares como compensación y reparación moral por su muerte en una detención policial hace aproximadamente un año; y cuyo episodio fue el punto de partida del BLM (Black Lives Matter) lo que reconoce, de facto, es que las relaciones establecidas entre la comunidad política que nacen, por principio, de la confianza que garantiza sus derechos de ciudadano han quebrado y el contrato social, en cuestión, cuestionado.
Y como ha sucedido en otras muchas ocasiones de la historia de la comunidad política, induce a sospechar que se trata de unas relaciones estructuralmente defectuosas, donde la neutralidad del Estado incumple con su deber protector de los derechos de las personas en un plano de igualdad, sin privilegios, y se entiende que rompen consecuentemente el derecho a la seguridad, la libertad y a la justicia. Ese mismo episodio revela la desigualdad de trato de la policía y señala además que las leyes dictadas inclinan el campo de juego en una dirección, erosionando la credibilidad del sistema. En suma, subraya que el Estado, en definitiva, carece de la capacidad para ofrecer una respuesta estructuralmente ejemplar.
Se suele decir cuando una persona muere, especialmente en circunstancias como en las que murió George Floyd, que se trata no sólo de una pérdida irreparable para la familia, sino que, por su naturaleza extiende la aflicción a la comunidad política entera. Por esa misma razón desaprovechar esa oportunidad para reparar aquella realidad del sistema que condujo a su muerte es una condena añadida a la ya su triste pérdida. El deber del Estado es asegurar una justicia justa, una vida buena en el sentido rawlsiano. Apuntan en la buena dirección aquellos que dicen que hacer justicia contrae la obligación de que, a través de los jueces y administradores de la justicia, la variedad de la comunidad política quede representada, porque sin su concurso, la justicia no es creíble.
La moral no importa por sí misma, al cabo la moral obedece a una suerte de convención social, lo verdaderamente importante radica en que su inobservancia produce daños colaterales, daños graves a terceros, irreparables tragedias a las personas de una comunidad y a la misma comunidad como ente. Sus consecuencias son una catástrofe que se extiende y abarca el ecosistema humano, afecta a la realidad mental y a la disposición del futuro.
Cuando la heroína de los derechos civiles Rosa Parks, de raza negra, se negó a ceder su asiento en un transporte público a un ciudadano blanco estaba en realidad señalando que la igualdad de trato a los negros era distinta a la de los blancos. Que la ley, en ese momento histórico de 1955, estaba escrita para blancos y por blancos en Alabama (EEUU). Y que moralmente era indigna. La dignidad, no olvidemos, alude a la justicia y a las relaciones justas que nos merecemos las personas.
Es razonable suponer que la arbitrariedad moral provoca una escisión en la comunidad, y lo hace de un modo tal que, a pesar de las políticas de distribución de rentas, la sociedad no logra cerrarla ni alcanza a abrazar un razonable plano de igualdad. De modo que sin una acción política firme que dote a la esfera pública de la capacidad de potenciar los valores cívicos mediante una red de estructuras públicas necesarias y suficientes, la comunidad estará expuesta a injusticas como la que padeció George Floyd.
