La bajada del IVA en la factura de la luz y el fin del uso obligatorio de las mascarillas, todo ello en verano con la posibilidad de asomar la cabeza tras la alienante pandemia, son dos medidas oportunas para doblegar la voluntad popular de oponerse al nuevo país que pretende Pedro Sánchez, para el que ha pergeñado un futuro a treinta años vista y muestra un presente descorazonador. Todo ello se supone que arranca con indultos a quienes se encuentran de permiso y ni siquiera los han solicitado, y seguirá con un referéndum pactado para supuestamente explorar la concordia entre la mitad de los catalanes que aspiran a independizarse. El fin no parece a grandes rasgos inteligente teniendo en cuenta que se dirige a unos pocos y con él el Gobierno se arriesga a enfadar a muchísimos más. Pero es verano después de un largo invierno, Sánchez se encuentra con dinero recién inyectado por la UE para la reconstrucción nacional y no espera encontrar grandes resistencias entre una población que, en líneas generales y según sospecha, asimila mejor el vacío del diálogo que se ofrece que el abismo de la claudicación. El diálogo es el instrumento civilizado que todos deberíamos saber apreciar cuando se produce en las circunstancias adecuadas. Es decir, cuando los interlocutores están dispuestos a entenderse cediendo. Aquí, el problema, y esto ya suena a reiterado, es que una de las partes solo entiende en él la debilidad del Estado y la otra está decidida a arrastrar el agravio hasta sus máximas consecuencias con tal de que no se frustre la legislatura y hacer de ella la promesa de una segunda transición que no responde a los intereses reales de los españoles. Solo a una forma de vestir la inexplicable huida hacia adelante que ha emprendido este Gobierno entre abucheos y el desprecio de los indultados, que salen de la cárcel con la idea reforzada de alcanzar la república catalana incluso frente a los catalanes que no la desean.
