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Alfonso González Jerez

Ceder es perder

Esta tarde se vota en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley contra el fraude fiscal después de su paso por el Senado, una de cuyas disposiciones entierra el diferencial fiscal en beneficio de las producciones audiovisuales que se desarrollen en las ínsulas, lo que motivó el informe negativo del Parlamento de Canarias hace apenas 48 horas. Corren rumores de que los diputados socialistas pretenden retirar precisamente la disposición de la discordia antes de la votación. Lo que está pasando en las relaciones entre el Gobierno central y Canarias es singularmente grave, no tiene precedentes y va más allá que la aniquilación de las ventajas en el Impuesto de Sociedades para producciones cinematográficas. Es una deliberada y agresiva actitud política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente del Ministerio de Hacienda, definida por el nulo respeto al REF y al Estatuto de Autonomía y un asombroso menosprecio institucional, por no hablar del desaire vacilonista al Parlamento de Canarias.

Porque según el artículo 167 del Estatuto, si el informe del Parlamento es desfavorable –como lo ha sido-- debe activarse la Comisión Bilateral de Cooperación entre la administración general del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, que adoptará un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias. Dicho acuerdo será puesto en conocimiento de las Cortes y los negociadores dispondrán de dos meses para elaborar una propuesta consensuada. Si la mayoría del Congreso decide eliminar la disposición de la ley contra el fraude fiscal que mereció el rechazo de la Cámara regional, la convocatoria de la Comisión Bilateral queda obviamente desactivada. Lo que ocurre (y esto es con mucho lo peor) es que la ministra María Jesús Montero decidió convertir su regalo fiscal, el introducido de tapadillo en el proyecto legislativo, en un decreto ley. Montero no puede argumentar desconocimiento o despiste, porque sabía perfectamente que en esos momentos las fuerzas políticas representadas en la Cámara regional estaban negociando el informe preceptivo. Y sacó el decretazo, mialma, sin despeinarse más de lo habitual, para blindar su decisión ministerial. Un decreto ley perfectamente en vigor (aunque deba ser convalidado por el Congreso de los Diputados) y ante el cual el Parlamento de Canarias ya no puedo pronunciarse. Lo único que queda es lo que el presidente Ángel Víctor Torres acuda al Tribunal Constitucional. No parece probable. En el PSOE sanchista se admite hasta cierto punto la técnica del paripé siempre que no insistas demasiado o que no vayas más allá de una coqueta indignación. Por ejemplo, “no estamos satisfechos de la solución que el Gobierno nacional (sic) está dando a la migración en el Archipiélago”. Torres suelta eso y lo hace como si fuera un héroe homérico. Oye, Arucas, la cólera de Aquiles. Pero presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno socialista es muy distinto. No se lo permitirían. No se lo permitiría a sí mismo.

Tolerarle esta ruin barrabasada a Montero y Sánchez, a Sánchez y Montero, es sentar un precedente peligroso para los intereses canarios. Según el Estatuto de Autonomía de 2018, los recursos del REF son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entidades locales. Cabe imaginar, visto lo visto, que si en dos o tres años se abre la reforma de la financiación autonómica, la misma u otra ministra, después de un breve juego de manos, decrete que los ingresos del REF deben computarse como parte de la financiación habitual de la Comunidad canaria. Aquí y ahora, pero sobre todo para el futuro, ceder es perder. El mismo régimen autonómico se vería debilitado porque ¿a quién puede defender si no sabe defenderse a sí mismo?.

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