Más allá de las consecuencias en el orden internacional del atentado contra las Torres Gemelas, si hay un cordón umbilical que une el post del 11-S y la emergencia sanitaria del Covid-19 es el cambio en el estatuto de la libertad personal. Ambos fenómenos introducen la sospecha de que los gobiernos aprovechan la situación de crisis para restringir derechos como el de la privacidad, movilidad, manifestación, y en el caso específico del ataque terrorista, las detenciones sin garantías judiciales, la práctica de la tortura por parte de los Estados Unidos y la necesidad de trasladar a los parlamentos nacionales la información sobre las decisiones con efectos bélicos.
El golpe al epicentro de la primera potencia del mundo trajo consigo un abanico de limitaciones en cuanto a la forma de viajar por vía aérea, pero también habilitó a los agentes policiales -no sólo a los servicios secretos- para husmear en la vida de las personas para confirmar chivatazos, rumores e indicios. La lanza clavada por George Bush contra el imperio del mal -abrazada por José María Aznar- dejó como herencia hechos tan singulares como los vuelos nocturnos de la CIA que, tras aterrizar clandestinamente en Palma de Mallorca, pusieron rumbo a Guantánamo con presuntos yihadistas a los que se les sometería a inquietantes interrogatorios. Los españoles -hasta hoy- no sabemos qué ocurrió. Un país extranjero, EEUU, nos recortaba las libertades y derechos constitucionales ganados a pulso.
Tanto con el 11-S como con el Covid-19 se puede cotejar que el edificio lesgislativo levantado para situaciones excepcionales suele ser inservible o incompleto para el momento clave, sobre todo dado el carácter imprevisible de dicha excepcionalidad. ¿Una ley de transparencia? Han tenido que pasar 20 años para que organizaciones civiles reclamen a Joe Biden la desclasificación de los papeles del atentado, una reivindicación que durante las dos décadas anteriores -especialmente en la de Donald Trump- no iba a ser bien vista. En España ha cundido el enfado por las decisiones de la alta magistratura sobre el estado de alarma. La ansiedad por llegar al punto y final de la pandemia ha llenado el mapa de chivos expiatorios, pero visto en frío -y con los datos de la pandemia a favor- los razonamientos judiciales de las resoluciones abren el melón sobre la exigencia al poder político del cumplimiento escrupuloso de la ley más allá de la singularidad de la situación, especialmente a la hora de recortar la libertad de las personas. Y otro de los puntos álgidos es la comunicación permanente a todos los representantes políticos del contenido y finalidad de la drástica decisión, el debate como instrumento para el fomento de los contrapoderes, que no es precisamente el recurso permanente del bloqueo.
El 11-S puso a prueba la solidez democrática como muro firme contra la discrecionalidad de los estados, unas veces con éxito y otras con el reconocimiento de la impotencia frente a la maquinaria legislativa. La emergencia sanitaria, aun sin cerrarse, sacude diferentes ámbitos del orden social y económico, e inflige un revolcón a la concepción de la libertad. Los estados, agobiados por la insuficiencia de sus leyes, harán reformas en sus respectivos núcleos legales con el objeto de afrontar en condiciones poderosas razones de estado, ya sea por inesperados comportamientos de la naturaleza, actos terroristas, pandemias, acontecimientos políticos normales (una cumbre asediada por activistas) o anormales (un golpe de estado). Habrá que estar vigilantes.
