El pleno extraordinario celebrado ayer es una consecuencia –detestada por todas sus señorías, a las que se interrumpió las fiestas navideñas– de un decreto ley que pretende aprobar en las próximas horas el Ministerio de Hacienda y que, al afectar a los artículos 27 y 29.2 del REF, debe ser informado por el Parlamento de Canarias. Informar debe entenderse como dar su cualificado parecer, porque no tiene la potestad de impedir la aprobación de la norma. No es algo inesperado, al contrario: es algo que llega tarde, una tardanza que habían señalado ya, con un punto de alarma, tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias: se agotaba el plazo de vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC) que espiraba el próximo día 31 y no había sido renovada por el Gobierno central. Con el acostumbrado cariño y respeto que guarda hacia Canarias la ministra María Jesús Montero ha esperado hasta penúltima hora del año para solicitar el informe parlamentario sobre su decreto ley. Hasta Román Rodríguez parecía ayer ligeramente fastidiado por la casi tradicional grosería ministerial y a punto de cantarle un fandanguillo a Montero:
Ni a tus ojos ni a tu cara
Yo le encuentro explicación;
Es tu belleza tan rara
Que a mí me da la impresión
Que eres un cuento de hadas
Ele.
Casi toda la sesión bordeó lo cansino. Es como cuando un bravucón te pisaba una y otra vez en la fila del colegio y tú no podías hacer nada, salvo moverte un poco y contarle a tus compañeros lo mal que lo estabas pasando. Es más o menos lo que se le pudo escuchar a Ricardo Fernández de la Fuente, el último ciudadano, y a los que le siguieron en el uso de la palabra. Muchos diputados habían optado por participar en el pleno telemáticamente. Las excepciones eran tantas que cabe dudar que todos lo hicieran por causa de fuerza mayor, lo que supone cierto abuso que tal vez la Mesa debería fiscalizar con más celo. La participación presencial de los diputados en el pleno es una obligación de los legisladores –no una opción a elegir– y el recurso a la vía telemática, una excepción. La misma Vidina Espino, que tiene una espléndida presencia televisiva, podía haber dicho lo mismo desde su escaño. Pero es que hasta el presidente Ángel Víctor Torres estuvo en el pleno a través de internet, porque antes del mediodía tenía su enésimo encuentro de Pedro Sánchez en La Palma y celebraba una rueda de prensa, que es el nuevo formato de Carro Alegórico y Triunfal en la Isla Bonita. ¿Qué impide que esto se reproduzca cada vez en el futuro, con lo ocupados que están los consejeros y sus señorías? Después de un Parlamento casi sin periodistas podríamos pasar a una Cámara casi sin diputados.
Antes del decreto ley de la señora Montero, y como algunos diputados –estos en cuerpo y alma– bajaban todavía del aeropuerto de Los Rodeos, Gustavo Matos decidió adelantar la presentación del proyecto de ley de Economía Social a cargo de la consejera Elena Máñez. La opinión generalizada entre sus señorías es que el proyecto legislativo de la señora Máñez resulta francamente un bodrio, pero todos los grupos parlamentarios confían en convertirlo en un texto decente en el debate y a través de la negociación de enmiendas, así que la cosa fue rapidita. El diputado curbelista Jesús Ramos Chinea, que habló desde su casa sin afeitarse –solo faltaba una toalla mojada y una botella de Licor del Polo al lado– demostró su asombroso dominio de las obviedades para no decir nada, salvo elogiar al consejero o consejera de turno. Manuel Marrero, más comedido, hizo un canto a las entidades de economía social, de cooperativas a fundaciones, porque «introducen la democracia en la empresa». Después de una casi amistosa advertencia del diputado conservador Carlos Ester – «presentaremos muchas enmiendas»– José Miguel Barragán, el portavoz coalicionero, recordó los informes –bastante duros – del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo. «A su proyecto», indicó a la consejera, «le falta innovación y adaptación a la realidad canaria actual y su desarrollo normativo está basado solo en declaraciones programáticas». Los grupos fueron más benévolos con la ley de Transición Ecológica que presentó someramente José Antonio Valbuena, con una arquitectura interna más compleja, coherente y trabajada, pero ambos proyectos legislativos se debatirán el próximo año al no presentar nadie enmienda a la totalidad.
La parte nuclear del pleno, por supuesto, fue el decreto de la señora ministra. Los nacionalistas (CC y NC) no entienden que, además de obligar al Parlamento de Canarias a convocar un pleno extraordinario para informar sobre el decreto a uña de caballo, la ministra solo renueve la vigencia de la ZEC dos años, cuando anteriormente, y sin que Bruselas moviera un párpado, se habían aprobado una ampliación de seis años. No es un asunto precisamente menor para la seguridad jurídica que inspira una mecanismo fiscal el que se renueve en el último momento y que se haga solo por dos años. A finales de 2020, y en otro gesto Monterísimo, se había renovado solo por un año. Es lo que llevó a la portavoz de CC, Rosa Dávila, a subrayar que el Gobierno central «siempre aplica la interpretación más lesiva y dañina para los intereses de Canarias, sobre todo en relación con su Régimen Económico y Fiscal». Todo el debate se desarrollaba con la plúmbea normalidad habitual cuando tomó la palabra la portavoz socialista, Nira Fierro, que en un vuelo relámpago decidió bombardear a la oposición. «Llevan ustedes dos años desnortados, no saben ya lo que decir, están siempre en contra del Gobierno aunque eso signifique estar en contra de Canarias, es penoso su lengua guerracivilista» fueron algunas perlas cultivadas por su señoría socialista. Incluso en los partidos que apoyan al Ejecutivo se evidenció cierta estupefacción. ¿Lenguaje guerracivilista? Pedir que la ZEC se reanude por seis años, y no por dos, o exigir que el Ministerio de Hacienda renueve la vigencia de la Zona especial de forma que no obligue a la Cámara regional de un pleno extraodinario, ¿es un pronunciamiento golpista? Lo más grotesco es que mientras Fierro seguía enamorada de su indignación en la tribuna CC, NC y el mismo PSOE intentaban transar los informes propuestos por Gobierno y oposición. Al final solo fue posible parcialmente y el informe del Gobierno salió adelante sin unanimidad. La guerra civil de Fierro había durado cinco minutos pero lo peor, con mucho, fue la prolongada impresión entre los diputados de que la secretaria de Organización del PSOE si siquiera sabe que no sabe nada de lo que está hablando.
