Sea cual sea esta noche [por anoche] el desenlace del contencioso que mantiene el tenista Djokovic con el gobierno australiano por su excentricidades vacunacionales, queda clara una lección: nadie puede tener patente de corso para ir repartiendo contagios de Covid-19 como si fuesen caramelos de menta. Los llamamientos a la libertad individual y las creencias autosanadoras serían inofensivas si estos antivacunas -unos visibles y otros como lobos solitarios- se juntasen en una isla desierta, y allí hiciesen vaca con sus microbios, bacterias y neumonías bilaterales hasta explotar y supurar. Pero no, exigen el respeto a su altos ideales sin tener en cuenta los del resto: el derecho a la vida, y como consecuencia de ello, la necesaria protección de los poderes públicos para no perder la garantía de la respiración.
En Quebec, Canadá, uno de los santuarios del negacionismo, las autoridades estudian crear un impuesto para los antivacunas con el objetivo de compensar al erario público del gasto sanitario extra que provocan sus decisiones. El personal sanitario, ya en España, esta harto de atender las complicaciones médicas por la vacunación a medias -o ninguna- de los que van a su bola. El sistema hospitalario bordea el caos con retrasos en las intervenciones quirúrgicas, y los profesionales no tienen capacidad para atender a sus enfermos. Una disfunción que alcanza a los centros de salud, con unos servicios de urgencia desbordados y unos médicos de cabecera que no pueden hacer el seguimiento que corresponde a sus pacientes acuciados por los imprevistos de los negacionistas.
Una jueza de Icod, en Tenerife, la ha dado patente de corso a una madre divorciada, que ha logrado el apoyo judicial para no vacunar a su hijo menor de edad frente a las pretensiones de sus padre. La magistrada recurre, entre los argumentos de la sentencia, a una determinada literatura científica para hacer valer la teoría de que hay «más riesgos que beneficios». Pero aún va más allá a la hora de invocar el principio de «prudencia» para dar la razón a la madre: «los menores de edad apenas sufren consecuencias de la Covid», y asume supuestos informes independientes que van en la línea del escaso impacto que tiene la enfermedad en la mortalidad e ingresos en UCI de los menores de 19 años.
Este asombroso fallo judicial, una perita en dulce para un negacionista, hace abstracción, pese a su embadurnamiento con la prudencia, a la imprescindible cautela ante una pandemia que ha provocado miles de muertos, o al derecho que tenemos el resto a saber que hay en una clase un alumno, que, con los parabienes de su madre y una jueza, puede contagiar a nuestro hijo afectado de una grave patología respiratoria. Yo no lo dejaría entrar al centro educativo, aunque dudo mucho que la dirección conozca la identidad del colegial no vacunado.
No sabemos [por anoche] si el deporte que arrastra masas y presupuestos dorados logrará imponer a Novack Djovick en el Abierto de Australia. Por lo pronto, su detención en un hotel resulta instructiva -por no decir pedagógica- frente a las aspiraciones de la internacional que conforman los energúmenos negacionistas. Su deportación [esperemos que sea así] será una gran lección para lo que quieren beneficiarse del derecho a ser y estar como les plazca, pero poniendo en peligro la voluntad de los otros a la hora de decidir cuánta vida les queda por delante. Obtener una patente de corso para ello sería un gran retroceso para las democracias.
