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La Provincia - Diario de Las Palmas

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José María Asencio Mellado

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Medidas energéticas. La política sobre la eficacia

Estoy seguro de que casi nadie se ha atrevido –porque hay que tener mucha paciencia-, a leer el tan cacareado Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética y del gas natural.

Decenas de páginas que, tras título tan rimbombante, abordan asuntos tan heterogéneos, como diferentes, sin relación alguna con el asunto principal que podría, en un terreno teórico, justificar el recurso al Decreto Ley, figura utilizada con frecuencia y normalidad por el detestable régimen franquista y acogida con alegría y adicción por el nuevo régimen.

Son tantas las materias que la norma regula y algunas carentes de urgencia alguna, que su justificación parece difícil de hallarse más allá de la precipitación, la falta de confianza en los socios parlamentarios y, obviamente, la necesidad de prescindir de controles y de informes preceptivos. El Poder ejecutivo es el único poder o así va poco a poco pareciendo.

No voy a entrar, por estar en agosto, fecha escogida por Sánchez para esta norma, en comentarios a asuntos y materias tan diversas, como de difícil comprensión. No interesaría a nadie. Pero sí en el lío que han organizado y en la aparente al menos conducta diletante de un gobierno al que todo parece dar igual con tal de seguir ahí a golpe de trallazo normativo, poco meditado, pero útil para la propaganda y el ataque a sus enemigos más poderosos.

De entrada, llama la atención la semana escogida, en plena ola de calor y en temporada turística, para imponer medidas presuntamente energéticas llamadas a provocar reacciones inmediatas, como así ha sucedido. Y es que, a cualquiera, incluso a quienes tienen buena fe, le debe parecer extraño este lio montado en unos días en los que el Tribunal Supremo condenó a dos dirigentes andaluces por graves delitos de corrupción y, a la vez, el paro se apareció como un anuncio de lo que está por venir. Dos escándalos tapados con una norma que con seguridad iba a producir las reacciones previstas, logrando con ello cambiar la dirección de la opinión pública.

Lo que más ha llamado la atención de la norma ha sido esa llamada al uso obligado de la calefacción y el aire acondicionado en establecimientos públicos. No menos de 27 grados el frio y no más de 19, el calor. El RDL es claro al respecto, pues sin excepción alguna, de forma imperativa y sin dejar lugar a dudas, señala las temperaturas a las que los obligados habrán de ajustar sus aparatos. Salvo, claro está, las excepciones obligadas por la legislación laboral, al menos las referidas a la salud. No es flexibilidad como dice la ministra, sino legalidad.

Sabido es que Ayuso reaccionó contra esta norma con razones que iban desde la duda acerca de la competencia estatal para imponer lo que puede ser propio del régimen autonómico, hasta la referencia a los efectos negativos de la medida y la escasa probabilidad de controlar las prohibiciones. Prohibir es fácil. Basta una norma y mucha tendencia a hacerlo. Imponer lo prohibido es más complejo, pues se precisa, además de un régimen de sanciones, de un personal, policía fundamentalmente, capaz de lograr que sea realidad. Y no parece que el verano, con el turismo en su máximo esplendor y las calles llenas permita a los Ayuntamientos destinar decenas de policías a medir la temperatura de bares y lugares de ocio.

La respuesta de Sánchez, en su línea, sin inmutarse, a las palabras de Ayuso fue que en España se cumple la ley. Exactamente lo que todos hemos visto en el asunto catalán, la lengua etc y la defensa a ultranza de la ley por parte del gobierno. Al día siguiente fue Urkullu quien reprodujo la misma postura. Y dos días más tarde los argumentos de Ayuso eran importados por muchos alcaldes y políticos de diverso signo.

El gobierno, visto que la crítica no procedía de Ayuso y sí de sus aliados, guardó silencio, sin atreverse a replicar con los mismos modos y gestos. Pero inmediatamente se ha convocado a las CCAA para discutir lo que antes no se hizo, más aún, lo que antes se reprochó a Ayuso pero que ha cambiado a necesario cuando han sido los aliados gubernamentales los que han levantado la voz.

Y ahí está el broche final. En un país en el que, dice Sánchez, se cumple la ley, cuando esa ley habla de 27 grados, de modo expreso, ahora dice la ministra del ramo, sin inmutarse, que podrá regularse la temperatura en el entorno de los 25 grados. Es decir, que una norma obliga a los 27 y sanciona su incumplimiento y el mismo gobierno que la impone anuncia que puede incumplirse. Porque si se trata de sujetarse a las normas laborales, éstas son independientes de los 25, 27 o 20. Hablar del entorno de 25 es, simplemente, ignorar la propia norma e inaplicarla ante las reacciones de los socios parlamentarios. La ley es flexible o dura según el caso. Eso ya lo hemos comprendido.

Lo que se puede crear con tanta improvisación y parcialidad es una situación de inseguridad en la que, podría suceder, se obligara a aplicar los 27 grados en determinados lugares y no en otros. Eso es tan absurdo que mejor es concluir que el RD ha nacido muerto, pues su utilidad cesó a la semana de aprobarse. La manipulación ha sido de libro y hemos picado como pardillos.

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