Hay una corriente de expertos en políticas educativas, muchos de ellos alejados de la cotidianeidad de los centros escolares –qué casualidad– que consideran que la bajada del número de alumnos por aula (ratios de los grupos-clase) en la enseñanza básica no es sinónimo de incremento en la calidad de la educación. En cierto modo, pudiera parecer que tienen razón: que disminuya el número de estudiantes de un aula de 1º de ESO, por ejemplo, de 30 a 20 estudiantes no es sinónimo, per se, de mejora de resultados escolares, o al menos es complicado de demostrar. Por supuesto que hay multitud de factores y dinámicas que influyen que habrá que analizar dentro de cada contexto.
Sin embargo, dar a entender que esta medida no es favorecedora en sí misma de una mayor equidad educativa es hacer un análisis superfluo, a vuelapluma, de las brechas que afectan al sistema, para lo cual es necesario preguntarle por ejemplo a los que trabajan en los centros escolares de nuestro territorio, especialmente en determinadas zonas, a ver qué piensan.
Canarias es un territorio caracterizado por su diversidad, su riqueza cultural heterogénea y plural; un crisol de pueblos y nexo entre continentes en el que conviven multitud de personas de distintas procedencias, lo que conlleva una mayor complejidad en las relaciones entre sus gentes, sobre todo si no se trabaja bien el fenómeno de la interculturalidad desde temprano en la escuela. En nuestra región, el crecimiento poblacional de determinadas zonas, que afecta especialmente a los municipios del sur de las islas capitalinas, pero también a otros lugares, conllevó en décadas pasadas cambios en la configuración de los mapas escolares, con el consiguiente incremento de las unidades y escuelas en determinados puntos insulares, hasta llevar a estos contextos al borde de la saturación en la atención educativa.
A pesar de que en el conjunto de España el descenso demográfico provocado por la bajada de la natalidad es una realidad dramática que va a agudizarse en los años venideros debido a las poco halagüeñas perspectivas económicas, muchos colegios e institutos mantienen ratios elevadas, a la vez que un perfil de alumnado complejo, como dije, especialmente diverso, con la impronta del plurilingüismo y con las «heridas» abiertas por los desajustes del aprendizaje provocados por la pandemia.
Todo este «cóctel» llamado diversidad se completa con un creciente número de alumnado etiquetado como de NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), en un contexto nacional en el que, según datos del último informe TALIS de la OCDE, nos encontramos entre los países de la OCDE con menos personal de apoyo por número de docentes, aspecto crucial –no lo olvidemos– para avanzar en los requerimientos de la educación inclusiva.
Por todo ello, mantener la postura de que una disminución de ratios no influye en la mejora de la educación tiene tintes ilusorios y coraza de trampantojo para poder desviar el foco de la opinión pública hacia la labor docente y su praxis: es evidente que este factor influye, nadie lo puede negar, pero poner el centro en, por ejemplo, una escasa capacidad de adaptación del profesorado a las nuevas realidades, tapa un dislate estructural que condena a la marginación y a la exclusión social a los colectivos que más lo necesitan, al tiempo que permite avanzar a las clases adineradas al compás de un proyecto social contrario al igualitarismo, cuando la escuela debería existir para justo lo contrario: como un espejo que compense las desigualdades de origen, en busca del ansiado ascensor social.
Porque, sí: al final de lo que se trata es de inversión; de un programa de políticas educativas ambiciosas que no maquillen una realidad con la postura inmovilista de los que analizan la educación desde fuera, los mismos que miran al exterior cuando les interesa pero no para hablar de que, por ejemplo, el PIB que destina España al sistema educativo está muy por debajo de la media del 6,5% de la OCDE. El camino está claro, si nos permiten despejarlo: es el marcado por acciones como las acordadas por la Consejería del ramo en Canarias, cuando el curso pasado impulsó una bajada progresiva de ratios en la ESO y Bachillerato, un descenso del número de estudiantes por grupo en la Formación Profesional de Grado Básico y cambios en los criterios para la conformación de los llamados grupos mixtos en Educación Primaria. Todo ello aderezado por programas pedagógicos que permiten ampliar el número de docentes por clase, como el llamado esTEla, que además contribuye a apostar por la docencia compartida, favorecer el cambio de etapa escolar y aumentar la coordinación entre centros dentro de un distrito.
Y todo eso es necesario porque, si bien estamos en nuestra región dentro de la media nacional en cuanto al número medio de alumnos por grupo educativo, seguimos teniendo datos preocupantes por ejemplo en Bachillerato, donde ocupamos el segundo lugar en cuanto a ratios elevadas (27,6 por grupo, de media), solo por detrás de Andalucía, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación.
Y esto, reitero, afecta en mayor medida en territorios como el nuestro, fragmentado y con elevados índices de pobreza, brechas estructurales y con un aún latente problema de inmigración irregular, que el caso de ser menores de 16, recordemos, son escolarizados –como no– en su gran mayoría en centros de titularidad pública, pilar que sostiene un modelo educativo diseñado por y para el bien común. No hay que olvidar que, también según las últimas cifras del Gobierno de España, Canarias está entre esas regiones de nuestro país en donde la cifra de abandono escolar temprano (11,8%) presenta una tasa por encima de la media de la UE (9,9%).
Ante ello, digan lo que digan esos expertos que tanto se inspiran en las recetas políticas de otros países, urge seguir apostando por acciones compensatorias que nos ayuden (dentro del principio de equidad y como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad) a atender más y mejor al alumnado más vulnerable, para lo cual es imprescindible bajar la ratio.
