Garbanzos negros

Si algo queda claro de la inmundicia corrupta de los casos Mediador y Cuarteles es que son sometidos a la criba judicial y policial cuando ya son ropa vieja, con años de retraso frente al momento en que presuntamente se produjeron los hechos. Un lapsus temporal que en modo alguno desacredita la investigación ni la potestad condenatoria contra las conductas delictivas, pero que una vez más nos lleva a plantearnos si la organización política es incapaz de atajar los enriquecimientos ilícitos que se producen en su seno. Muchos políticos de este país, desde la derecha a la izquierda, están convencidos de que la aparición de un garbanzo negro forma parte de la normalidad democrática, si bien no se plantean cómo detectarlos ni qué organigrama sería el idóneo para expulsarlos del sistema. Una y otra vez, con demasiada frecuencia, asistimos estupefactos al fenómeno, que, como en los casos de actualidad, conforman redes de contacto y actuación que atraviesan espacios corporativos como el mismo cuerpo de la Guardia Civil. Y aquí también se produce una novedad: se tiende a comparar la implicación de los escalafones más altos del estamento con el caso Roldán, una comparativa desigual dado que el exdirector general era un civil, un responsable político ajeno a la jerarquía del instituto armado. Por lo tanto, el daño es, si cabe, aún mayor, dado que se pone de manifiesto una traición militar al mandato de velar por el cumplimiento de las leyes.

El temor a la corrupción sistémica, con sus tentáculos extendidos por los intersticios institucionales, abiertos de par en par a las tentaciones externas, no es un tema que parezca preocupar en demasía a los partidos políticos. La reacción a las corruptelas asentadas en Canarias o desarrolladas desde el Archipiélago ha sido bochornosa, con remedios caseros y demagógicos, y ocultando a la sociedad la gravedad del desarrollo de unas tramas delictivas que ponen en solfa la transparencia de los contratos públicos; resquebrajan la confianza democrática; burlan el control de los partidos, y lo que es más comprometido, ponen en peligro la seguridad del Estado al estar inmersas en la mismas militares con desempeños en áreas sensibles, como ocurre con el contraterrorismo yihadista.

Pese a los innumerables efectos, nadie sospechó, las alertas no fueron tomadas en cuenta o los cortafuegos no actuaron con la diligencia esperada. En el caso Mediador, la casualidad en una instrucción judicial destapó la alianza corrupta entre empresarios y políticos, mientras que el caso Cuarteles fue un anónimo el que llevó a la pesquisas de una situación que ya era vox pópuli en las sedes de la Guardia Civil. ¿Qué hubiese pasado en ausencia de la pulcritud de una jueza y la honradez de un garganta profunda? Me huelo que lo peor, la ley del silencio, la absorción de la basura por la grasa del sistema o esparcir la fantasía de que se actúa, aunque sólo sea en la epidermis y digan que es en el cimiento.

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