Opinión | Retiro lo escrito

Pandilla de irresponsables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

Jamás se me ha antojado tolerable el argumento central y nobilísimo para justificar lo que está haciendo Pedro Sánchez (y un PSOE irreconocible bajo su caudillaje) con sus pactos con los independentistas catalanes. Ese que dice que «cualquier cosa para evitar un gobierno del PP y Vox». Primero, porque presupone que unas nuevas elecciones las ganaría indubitablemente el PP y que podría gobernar con el apoyo de la ultraderecha. Me gustaría mucho que me explicaran racionalmente esta suposición, tal vez no disparatada. ¿Cómo después de un lustro de maravillosa gestión pública siempre a favor de los pobres, humillados y ofendidos los españoles van a ponerse a votar (todavía más) a las derechas? Segundo, porque si este fuera el caso, resultaría de la elección libre y democrática de los ciudadanos españoles. Recuerdo la burla y la rechifla que levantaron unas declaraciones de Mario Vargas Llosa sobre lo mal que habían votado sus compatriotas peruanos en 2021 o los venezolanos antes, exaltando a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Pero muchos de los que se burlaron del gran novelista te dicen ahora, con perfecta paz de espíritu, que votar al PP es votar mal, muy mal, fatal. Y en tercer lugar, España es un país con instituciones democráticas y libertades públicas constitucionalmente establecidas y garantizadas. Si la ultraderecha –o una derecha radicalizada– intenta herirlas nos encontrará delante a millones de ciudadanos. En los parlamentos, en los ayuntamientos, en los juzgados y en las calles. No, una hipotética victoria electoral del PP no legitima la deriva de degradación institucional ni las tentaciones iliberales que está mostrando los ministros del Ejecutivo ni los dirigentes del PSOE.

Nos gobierna una pandilla de impresentables que actúa como si pudiera controlar plenamente las consecuencias de su mendacidad, su rastacueril torpeza y su miserable ambición de poder. Unos tipos (y, perdón, tipas) que negocian investiduras, leyes y presupuestos en un país extranjero con una fuerza independentista y bajo la inspección de un relator, como si en vez de una negociación entre partidos, estuvieran negociando entre gobiernos, o incluso entre estados. Quisiera que alguno de los apologistas de estos sinvergüenzas cada vez más encanallados me presentara un solo ejemplo en la Unión Europea de un comportamiento semejante por parte de un Gobierno democrático o de un partido liberal, socialdemócrata o conservador. Por supuesto, nadie sabe dónde se reúnen ni cuál es la identidad del señor relator, cuya función básica consiste en decidir si las reclamaciones de JxC están siendo correcta y puntualmente cumplidas por el Gobierno español. Es imprescindible un cuajo extraordinario para intentar hacer pasar como normalidad política este sórdido tejemaneje que compromete la soberanía nacional y escapa de cualquier control democrático, pero el presidente Pedro Sánchez lo tiene de sobra.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado es otro caso estrambótico de abuso de poder político y partidización de las instituciones. La señora Valerio fue ministra de Trabajo entre 2019 y 2020 y ha sido diputada durante siete u ocho años. Desarrolló una carrera funcionarial meritoria, pero en absoluto excepcional. Era evidente que no cumplía el requisito de ser una «jurista de reconocido prestigio», ni por los cargos administrativos que ha desempeñado, ni por su discretísima trayectoria académica, ni por acumular una producción teórica relevante o una labor meritoria en el ámbito judicial. La Fundación Hay Derecho presentó un recurso contra su nombramiento y el Supremo le ha dado la razón. El Gobierno cuenta ahora con dos meses de plazo para designar a un nuevo presidente del Consejo de Estado. La reacción ha sido inaudita: el ministro Félix Bolaño ha criticado que una fundación se permita cuestionar una decisión del Gobierno, un secretario de Estado, Rafael Simancas, babea que el pueblo soberano decidió, a través de sus representantes en el Congreso, que Valerio era idónea y no había nada que añadir. Esta gente se está volviendo peligrosa. Cada día avanza un pasito hacia los límites constitucionales. Pero menos mal que no gobiernan las derechas, tú.