Opinión | Análisis

Ernesto Ekaizer

El Gobierno aprovecha el 'plan Guilarte' para renovar el Poder Judicial después del ciclo electoral, por Ernesto Ekaizer

El actual presidente en funciones del CGPJ se distancia de manera creciente del sector más recalcitrante, liderado por José María Macías 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños. / EFE

Félix Bolaños (Madrid, 1975) ya es perro viejo en esto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sus interlocutores cambian –de Teodoro García Egea con Pablo Casado a Esteban González Pons con Alberto Núñez Feijóo–, pero él permanece. Y ahora ya lo hace como ministro de Justicia, cargo que se ha sumado al de ministro de la Presidencia.

Y en el arte de negociar con un PP que estuvo por conseguir en noviembre de 2018 la presidencia del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial –tanto el PSOE como el PP acordaron el nombre del sempiterno presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, pacto frustrado– y que desde entonces arguye que solamente si hay cambio del sistema de elección apoyará la renovación de un órgano cuyo bloqueo dura cinco años –Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, fue elegido el 9 de diciembre de 2013–, Bolaños ya ha tenido un largo tiempo para ejercitar su muñeca de negociador.

Se nota, claro.

Ahora el Gobierno, a través de Bolaños, ha cogido al vuelo una "tercera vía" de renovación lanzada –aparentemente ni PSOE ni PP– por Vicente Guilarte, un hombre que llegó al CGPJ a propuesta del PP en 2013 –goza de excelente relación con Enrique Rajoy, registrador y hermano de Mariano Rajoy–, para sugerir a Núñez Feijóo que se puede examinar ampliamente la renovación. Ponerse manos a la obra. Una enésima iniciativa, pero con el gancho de del 'plan Guilarte', que el presidente Pedro Sánchez va a poner sobre la mesa de su próxima reunión con el presidente del PP.

Sin esperanzas

Fuentes oficiales del Gobierno no se hacen ilusiones sobre una renovación en los próximos seis meses, más precisamente, antes del verano de 2024. El calendario del debate parlamentario -ley de amnistía- y el ciclo electoral --gallegas, vascas y europeas-- hace difícil una foto con el pacto firmado Feijóo-Sánchez antes de que acabe este ciclo. El horizonte es, pues, septiembre de 2024. Pero a la vista de la experiencia es necesario reanudar las negociaciones cuanto antes.

Vicente Guilarte siempre ha sido considerado, aunque propuesto por el PP como vocal, un verso suelto dentro del CGPJ. En las últimas semanas se ha vuelto a distanciar --con más intensidad que otras veces-- del hombre que se siente con mando en plaza dentro del grupo conservador: el socio del poderoso bufete de abogados Cuatrecasas José María Macías.

En la secuencia del alejamiento de Guilarte se puede destacar su posición el pasado 6 de noviembre ante el cañonazo en forma de declaración institucional que impusieron nueve vocales conservadores contra cinco. Guilarte votó en blanco.

Tres días más tarde, el 9 de noviembre, el sector conservador impulsó la propuesta en la Comisión Permanente del CGPJ de rechazar la idoneidad a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado --la primera vez, en julio de 2022, lo había aceptado-- a través de un informe sin precedentes si se consultan los informes emitidos con anterioridad, ya sea en el caso de fiscales generales del PP como del PSOE.

Voto en blanco

Los ocho recalcitrantes reprochaban a García Ortiz no la falta de requisitos --en eso debía consistir el informe-- sino que, por ejemplo, no se hubiera pronunciado contra la amnistía, una proposición que comenzará a debatirse en el Congreso el próximo martes, y en otros asuntos de carácter político-judicial.

Guilarte volvió a desmarcarse. Pero esta vez no se limitó a ello, como el voto en blanco que emitió el 6 de noviembre. Anuncio que presentaría un voto particular junto al grupo progresista, encabezado esta vez por Roser Bach, firmante de voto junto con otros vocales. Fíjate por dónde, como en este caso, se descolgó del sector recalcitrante Juan Martínez Moya, la votación salió 8 conservadores contra 7. Si la vocal Concepción Sáez hubiera estado presente --renunció en señal de protesta a finales de marzo de 2023-- la votación hubiera terminado en empate, lo que con el voto de calidad de Guilarte hubiera frustrado el informe negativo.

No fue esta segunda la vencida. No ha trascendido, pero El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, ha sabido que la intención del sector de la Comisión Permanente impulsado por Macías --Carmen Llombart y José Antonio Ballestero-- de emitir un comunicado especialmente contundente y extenso contra las referencias al 'lawfare' (utilización de la justicia y los procedimientos para finales políticos, extrajudiciales), el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts, Guilarte se unió al sector progresista para hacer una declaración de baja intensidad. La apoyó pero contribuyó a descafeinarla. Para la irritación, según han confiado fuentes solventes a este diario, de Macías.

Por último, al presentar la idea de renovar el CGPJ a través de una alternativa, Guilarte se ha apartado todavía más del sector conservador.

En realidad, su iniciativa -quitar al CGPJ la potestad que le confiere la Constitución para hacer los nombramientos de jueces y magistrados, y también los dos que integran al Tribunal Constitucional- se ha alejado tanto del PP como de las asociaciones judiciales -por ejemplo, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-, que quieren no menos sino más poder para un CGPJ donde los jueces elijan directamente a los 12 vocales procedentes de la magistratura.

Favorecer el debate

Aunque fuentes socialistas estiman inviable esta idea, la iniciativa les parece favorecer un debate sobre la renovación y señalan que hay que estar abiertos a hacer alguna innovación en una futura ley que debería, precisamente, pactar el PSOE y el PP.

Pero, hablando en plata ¿qué ley de elecciones del CGPJ se aplica ahora, la del PSOE de 1985, como suele decir al vuelo el PP, o las leyes del PP?

Porque, en rigor, lo que el PP bloquea desde 2018 no es solo la Constitución... sino su propia ley.

¿Qué cómo es eso?

La ley que no quiere aplicar es "su" ley, es la ley orgánica de 2013, cuando fue modificada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con la mayoría absoluta obtenida por Mariano Rajoy en 2011.

El primer sistema aplicado con la democracia fue el corporativo puro, pactado por el presidente Adolfo Suárez con la cúpula judicial franquista, eran los jueces quienes elegían a los vocales. El sistema parlamentario puro fue aprobado por el PSOE en 1985 según la cual el parlamento elegía libremente entre todos los jueces a los que quisiera. Fue José María Aznarquien con su mayoría absoluta del 2000 instauró un sistema mixto: elección por los jueces (asociaciones) de ternas de candidatos que el Parlamento, a su vez, consagra legislativamente.

Dicho sistema mixto fue corregido por Gallardón en 2013. Además de las propuestas de nombres por parte de las asociaciones judiciales, se introdujo mayor flexibilidad, liberalizando el sistema. Ahora un juez no asociado puede presentarse por su cuenta si presenta los avales requeridos, aunque las directivas de las asociaciones siguen mandando mucho.

En resumen: el sector recalcitrante y Feijóo-González Pons están ante una brecha en su frente interno. Ya la sufrieron en diciembre con la renovación in extremis en el Tribunal Constitucional.

Y, ahora, Bolaños ejercita su muñeca.