Violencia machista: denunciar y proteger

Hay algo casi tan escalofriante como la cifra de 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, tres de ellas en Canarias: que en 22 de los casos, casi la mitad, su familia conocía la existencia de malos tratos y no lo denunció. Las razones (miedo, sensación de indefensión...) pueden ser parecidas a las que atenazan a las propias víctimas que tampoco denuncian y que son la mayoría, pero si hace ya tiempo que la violencia machista dejó de ser considerado un asunto de la esfera estrictamente privada y pasó a ocupar un lugar central en las agendas de los poderes públicos, es hora de que la sociedad en su conjunto entienda que el problema que sufre una mujer maltratada también es problema suyo, que le afecta en tanto que miembro de esa sociedad. Y que si en su entorno hay un caso de violencia machista, no pueden permanecer callados esperando que sea ella quien denuncie o que un servicio público actúe de oficio. En este aspecto se va a centrar la próxima campaña que prepara el Gobierno, según anunciaron los ministros de Igualdad, Ana Redondo, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras reunirse para tratar el repunte de mujeres fallecidas.

El aumento de los asesinatos machistas, después de tres años con las cifras estables por debajo del medio centenar, ha elevado la preocupación de la administración, y al mismo tiempo ha servido como argumento falaz para quienes desde el negacionismo se empeñan en criticar la supuesta inutilidad de las políticas contra la violencia de género. Nada más lejos de la realidad. Es ahora cuando más falta hacen, y cuando hay que reforzarlas más, si cabe.

La falta de denuncia previa es, en efecto, uno de los grandes escollos para combatir esta lacra, pero no es el único. Porque una vez presentada la denuncia, se activan unos mecanismos que no siempre funcionan con la rapidez, sensibilidad o eficiencia que debería.

Casos que revictimizan a las denunciantes, que tienen un efecto disuasorio sobre las otras víctimas y que aumentan la desconfianza en el sistema. Sobre todo, cuando las grietas en el sistema de protección desembocan en un feminicidio. El Gobierno ha prometido revisar el sistema Viogén, el seguimiento integral de los casos de violencia de género, para modificar los criterios que consideran que una mujer no está en riesgo. Este sistema, con sus deficiencias, ha demostrado ser una de las soluciones más completas contra la violencia de género, ya que apuesta por un abordaje integral, con la participación de diferentes instituciones.

Precisamente, el teléfono 016 contra la violencia de género recibió en el conjunto de España un total de 9.261 llamadas en el transcurso de mes de octubre, un 16,5% más que en el mismo mes de 2022, cuando se registraron 7.947. Son los últimos datos facilitados por el Gobierno de España. Según esas estadísticas conocidas esta misma semana, Canarias fue la que más llamadas de auxilio emitió y, en concreto, la provincia de Las Palmas.

Los datos por comunidades autónomas revelan que la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de 15 y más años de edad se registró en Canarias (836,2), seguida de la Comunidad de Madrid (723,9). Si se miran esas estadísticas por provincias, la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de 15 y más años, se registró en la de Las Palmas (889,7), seguida de la de Santa Cruz de Tenerife (779,3). Terrible y escalofriante.

La protección de las víctimas y la persecución penal de los agresores son los dos caminos, una vez se ha detectado la violencia machista, para hacer frente a estas situaciones que debemos erradicar. Hay un tercero, el educativo, cuyo objetivo es que ni siquiera se dé un primer golpe. Los discursos –difundidos en las redes sociales, pero también desde algunas instituciones– que minimizan las agresiones contra las mujeres, que frivolizan y ridiculizan el feminismo, y que van calando de forma alarmante entre los más jóvenes, deben ser contrarrestados, lo que no solo compete a las campañas de concienciación o a los educadores, sino a todos los que creen que la convivencia solo puede ser igualitaria. A la sociedad, toca censurar el machismo en todas sus formas. Y al Estado y a las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos, proteger y acompañar a las víctimas para que puedan rehacer su camino.

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