Cartas al director

Aleluya

María Jesús Montero y Pedro Sánchez, en un pleno del Congreso en el hemiciclo del Senado.

María Jesús Montero y Pedro Sánchez, en un pleno del Congreso en el hemiciclo del Senado. / EFE

Laurentina Parada

Al parecer, los políticos jamás pueden ponerse de acuerdo. Si un partido desea un bien para el ciudadano, que es lo que se supone que desean siempre los políticos, el otro ha de votar todo lo contrario. Así es siempre. Pero, Aleluya! por fin ha habido una ocasión en la historia de nuestra democracia en que los dos partidos principales, por primera vez, se han puesto de acuerdo y ha sido para cambiar una palabra de la Constitución. Ha costado unos diez años, muchas reuniones parlamentarias, dedicación, tiempo y dinero, pero, al fin, ha habido unanimidad, lo que ha sido un acontecimiento digno de celebrarse y por el que alegrarnos.

Con esa unanimidad se ha logrado quitar el calificativo de «disminuído» o «minusválido» a las personas que tienen deficiencias físicas o mentales. En adelante, no se les llama sino «personas con discapacidad», que quiere decir lo mismo, pero evita los calificativos. Y una, por si acaso no conociera bien la lengua materna, ha mirado el diccionario y, efectivamente, las palabras «Discapacidad» y «Minusvalía» quieren decir exactamente lo mismo; tienen el mismo significado.

No es la primera vez que se cambian las palabras con que se denomina a estas personas, sustituyéndolas por otras afines, desde los tiempos en que se llamaba bobo, y después, subnormal, a la persona con discapacidad mental. Pero no son los cambios de nombre lo que realmente interesa a estas personas, cuyas deficiencias nunca están compensadas totalmente por los servicios sociales, y la solución de sus problemas tampoco son una prioridad de ningún partido político.

Aunque la Once y otras organizaciones también hayan mostrado interés por el cambio, los calificativos con que se les ha nombrado hasta ahora a esas personas no tenían nngún significado ofensivo y sí mucha realidad.

Es una lástima que el tiempo y el dinero invertido por nuestros políticos para cambiar la palabreja en el texto constitucional, no lo hayan dedicado a hacer que las «personas con discapacidad» mental o física tengan absolutamente cubiertas todas sus necesidades. Que las de discapacidad mental y sus familias cuenten con todas las ayudas necesarias para su normal día a día y su desenvolvimiento en la sociedad, y que las barreras arquitectónicas urbanas y de movilidad, que obstaculizan a las personas con dificultades físicas, sean suprimidas completamente.

En la actualidad, siguen sufriendo las enormes carencias en ayudas verdaderamente efectivas e importantes para ellos mismos y para sus familias, en los casos de discapacidad mental.Y la total despreocupación que existe por facilitar la vida a las personas con discapacidad física es imperdonable. El desinterés total porque todos los pasos de peatones cuenten con rampas para las sillas de ruedas, es sólo una muestra de la desidia que existe por solventar uno de los principales problema para este colectivo, cuya solución no es nada costosa y sólo depende de la buena voluntad de las instituciones públicas. Cómo se les quiera denominar es algo de mucha menor, o ninguna relevancia.

Sería un gran acontecimiento si los principales partidos se unieran de nuevo, por segunda vez en la historia, para poner fin a la despreocupación que existe hasta ahora por las «personas con discapacidad» y, resolviendo definitivamente sus problemas con unanimidad, nos hicieran exclamar de nuevo: Aleluya!