Asomarse al abismo

El caso de los dos migrantes africanos a los que se metió en la cárcel hasta anteayer por decisión de la Fiscalía, que creía o cree que formaban parte del patronazgo de sus pateras, es extraordinariamente preocupante. Y aunque corra el riesgo de los habituales latigazos de los buenistas más estreñidos, no por los días en los que han pasado ambos en prisión. Sin duda esta circunstancia es inaceptable y merece todo el repudio imaginable, pero en esta historia, lo repito, hay cosas peores. A saber:

a) Fue un fiscal quien solicitó a la autoridad judicial el encarcelamiento de los dos menores porque –según dicen con boquita de piñón desde la Delegación del Gobierno– otros dos ocupantes de la patera así lo corroboraron. Incluso los llaman «testigos protegidos», como si esta mierda vergonzosa fuera un episodio de Ley y orden. ¿Y en qué se concreta la condición de testigo protegido?

Es más, ¿cómo y cuándo interviene en estos casos? ¿Aparece detrás de una tapa de pulpo un fiscal cada vez que llega una patera? ¿Cómo les interrogan? ¿Tienen intérpretes de wolof, de serere, de soninké, de árabe, de bereber? ¿O todos saben francés? ¿Quiénes son los abogados de los pibes? ¿Sobre qué preceptos jurídicos entalegas a personas de las que no sabes ni la edad que tienen? Me obsesiona imaginar agentes judiciales entre los migrantes olisqueando chivatos. Antes de desmayarse por la hipotermia, ¿me podría indicar con todos los detalles si ha visto usted algo raro durante la travesía? ¿Podría usted dejar de intentar hablar con su madre por ese móvil y denunciarme a alguien entre sus compañeros de feliz aventura?

b) Llevar el timón durante unos minutos o unas horas al día, ¿te convierte en el obvio patrón de la embarcación? ¿Dónde y cómo se produce para un fiscal el salto conceptual entre timonel y patrón? Un fiscal, por serlo, ¿ignora que en las travesías rara vez alguien se mantiene manejando el timón las 24 horas de cada día? ¿En qué realidad paralela están instalados estos funcionarios judiciales?

c) Por último están, por supuesto, las responsabilidades políticas. O pare ser más precisos: no están. Al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ya se le han borrado las huellas digitales de tanto lavarse las manos. Este es el mismo sujeto que tenía las máximas responsabilidades en Arguineguín. El mismo que desde su cargo bendice cada día la política antimigratoria del Gobierno central y coopera –evidentemente– con la misma. Pestana, encerrado en su despacho, se encuentra, desde un punto de vista político, más quemado que el palo de un churrero de un kiosco de carnavales el domingo de piñata.

Por eso su partido, el PSOE, ni siquiera le ofreció integrarse en una lista electoral en las generales, las autonómicas o las locales del año pasado. Si se tratara de un ciudadano español, y no de un migrante africano, el que hubiera permanecido ilegalmente encarcelado durante semanas, Pastrana debiera haber dimitido por su complicidad. Pero no ocurrirá así. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Pestana seguirá de Delegado del Gobierno mientras sobreviva el sanchismo no hay ni habrá otro pequeño trono para él.

Y por supuesto está el contexto. Esto ocurre –también– en una situación que se asoma al caos. Se atiende a casi 6.000 menores y todas las semanas llegan más y el Gobierno autónomo debe tirar de recursos que a veces solo se pueden improvisar. En esta apabullante y compleja situación puede producirse una chispa de violencia por los nervios, los hartazgos, la desesperanza, la incertidumbre entre los que son acogidos y los que acogen.

El Gobierno central sigue sin responder. La próxima semana se debate y vota una resolución en el Parlamento de Canarias para convencer a Sánchez y sus ministros de que la situación es desesperada. Si el silencio y la inacción continúan el presidente Clavijo debe tomar decisiones más drásticas y la sociedad civil canaria empezar a moverse.

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