Negro y podrido

Y más querellas. Aquí el que no vendía material sanitario durante la pandemia por encima de su valor de mercado o abiertamente defectuoso es que no era nadie. Dónde vas tú, muerto de hambre, que no le has colado una mascarilla averiada al Gobierno autónomo en tu vida. La Fiscalía ha presentado una querella por fraude a Hacienda –y en la que además señala indicios serios de malversación y blanqueo de dinero– a Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y otras dos personas que no tengo el disgusto de conocer. El ministerio público ha examinado contratos por un valor de 22.900.00 euros, de los que hasta 10 millones «no se corresponden con el material entregado». Todo con el PSOE al frente del Servicio Canario de Salud. Primero con Antonio Olivera, el profesor de Economía Aplicada particular de Ángel Víctor Torres, su viceconsejero de Presidencia y ahora su jefe de gabinete en el Ministerio de Política Territorial. Después, Alberto Pazos, y finalmente, Conrado Domínguez, ese milagroso gestor que, por cierto, sigue en la administración autonómica como si nada.

Lo terrible del llamado caso Koldo –terrible para los socialistas, pero también para todos los ciudadanos– es que sus presuntas mordidas, es decir, la operativa de la empresa semifantasmal de sus amigotes, no limitó su actividad al Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana y a las empresas públicas que dependen orgánicamente del mismo. También amplió sus movimientos mercantiles a Canarias y Baleares –que se sepa hasta ahora– con contratos de muchos millones de euros. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Canarias y Baleares? ¿Qué condiciones de oportunidad, qué facilidades prácticas ofrecían las dos comunidades autónomas? ¿Por qué Canarias sí y Aragón, donde entonces gobernada también el PSOE, por ejemplo, no? ¿Y Valencia, mucho más poblada y con mayores necesidades de material sanitaria? Para entender lo que ha pasado es imprescindible responder a esa pregunta central. Puede que todo derive de la naturaleza del ministerio que dirigía José Luis Ábalos y a cuyo lado trabajaba (es un decir) Koldo García. El Ministerio de Transportes, un departamento, en efecto, especialmente importante para comunidades insulares, un interlocutor obligado y constante, y del roce nace el cariño. Puede que, contra lo que ocurriera en otros territorios donde gobernaban las izquierdas, los socios del PSOE fueran más exigentes o más quisquillosos en cuestión de contrataciones, mientras que en las ínsulas baratarias las cosas fueran más laxas. No se imagina uno a Noemí Santana metiendo las narices en el SCS para preguntar sobre contratos y esas vainas. Pero si le parecía estupendo que Casimiro Curbelo designase in pectore al director gerente del Hospital de La Gomera. En cuanto a Román Rodríguez es demasiado listo. Ciertamente insistió hasta la náusea –la náusea dimisionaria de algunos altos cargos socialistas en la Consejería de Sanidad– en que Conrado Domínguez debería ser nombrado director del Servicio Canario de Salud. Tampoco parece que Julio Pérez –sobre cuya inteligencia y experiencia tampoco debe insistirse– haya mostrado maldito interés en los tejemanejes, legales o no, pero eso no excluye que tuviera algún conocimiento de los contratos que se preparaban. Es una pena, porque Pérez sabe mucho de derecho mercantil y bastante de derecho administrativo, y podría haber aclarado (o no) las cosas.

Como no es suficiente material para la indignación ciudadana tenemos a nuestros pequeños koldos domésticos royendo huesos presupuestarios en nuestro infecto pudridero de batas y mascarillas. Es tan predecible si lo piensas medio minuto. Un multimillonario procesado que se compró un club de fútbol para ser tan visible como intocable y un niño de papá que jamás distinguió entre pasta, poder y política. Hace muchos años lo dijo un insigne historiador romano: en las épocas más oscuras el cuerpo de un país expulsa el pus de un corazón negro y podrido. Todos los restos de una moralidad pública que ya solo son heces.

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