"Hay mucha más corrupción de la que se lee en los periódicos. Es una corrupción más sutil, más subterránea", ha afirmado a EFE el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

Tras participar en la Universidad de Verano Bancaja, que se celebra en Guardamar del Segura, Villoria ha manifestado que la presencia de corruptelas entre los políticos es "un claro reflejo de una sociedad que admite determinadas prácticas corruptas".

De hecho, Villoria ha subrayado que, a pesar de los casos de corrupción que se registran en España, los ciudadanos no incluyen este fenómeno entre sus principales inquietudes y problemas, junto a seguridad, empleo o vivienda.

Tal es así, según ha expuesto, que, entre los electores, la corrupción no es un factor clave a la hora de definir su voto.

Al hilo de estas declaraciones, Villoria ha afirmado que el 60 por ciento de los alcaldes electos que estaban relacionados con denuncias e imputaciones por presuntos casos de corrupción fue reelegido en los últimos comicios municipales.

En este sentido, ha manifestado que cuando un partido político expulsa a su representante municipal por posible corrupción, como por ejemplo un alcalde, "el electorado castiga a ese partido en las siguientes elecciones". "Parece increíble, pero es así", ha agregado.

A su juicio, las "lagunas" legislativas impiden actualmente que se cumpla la normativa de obligar a los cargos públicos a formular una declaración patrimonial de sus bienes, derechos y obligaciones.

Según el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado a través de encuestas a empresarios y directivos de multinacionales, España ocupa el puesto 25 en el ránking de países con menos corruptelas, compartiendo puesto con Uruguay y por debajo de Chile.

Los países escandinavos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia lideran la ausencia de corrupción, mientras que países como EE.UU y Francia se sitúan en los puestos 19 y 20.

Para conocer los posibles datos de corrupción, se pregunta a los empresarios si "deben pagar" para conseguir subvenciones, permisos o licencias.

Con una horquilla de valoración del 1 (corrupción absoluta) al 10 (sin registro de corrupción), España fue valorada con un 6,8 en 2007, tres décimas por debajo al año anterior (7,1).

Para Villoria, toda Administración pública debe luchar contra la corrupción de forma constante, pues "bajar la guardia" supondrá "extenderla como si de un virus se tratara".