La Plataforma Canaria para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes ha denunciado este sábado en una concentración que la pérdida del derecho asistencial sanitario que sufrirán en España las personas en situación irregular es un "medida injusta" para ellos y la comunidad.
Así lo manifestó a los periodistas una portavoz de la plataforma, Merci Yañez, durante la concentración que congregó a en torno a un centenar de personas frente a la Delegación de Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.
Yañez ha informado de que la plataforma nació para defender los derechos de los migrantes, entre ellos intentar que se derogue la ley 16/2012, que limita la asistencia sanitaria a aquellas personas que se encuentren en situación irregular, una medida que, según ha subrayado, afecta también a los menores de 26 años que no han cotizado.
Ha rechazado que los "recortes" hayan empezado por los inmigrantes y ha considerado que esto es así "porque son el colectivo más débil, al que se está utilizando de cortina de humo", ya que, en su opinión, el trasfondo de esta medida reside en otras que afectarán a toda la sociedad y que vulnerarán más derechos humanos.
Esta plataforma impulsará denuncias internacionales para proteger los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular e informará de ello a los gobiernos de los países de los que proceden las personas que conforman este colectivo en España.
Otro de los portavoces de esta plataforma, el enfermero Teodoro Bondyale, ha manifestado su preocupación porque, aunque el Gobierno de Canarias ha informado que seguirá atendiendo al colectivo de migrantes, "no ha explicado cómo" lo hará.
A su juicio, esta medida, que afecta a la sanidad, es un "test" que cambiará en profundidad el concepto de derecho para asimilarlo al de "beneficencia", lo que, en su opinión, hay que evitar, porque, de lo contrario "los pobres estarán perdidos".
Por su parte, el coordinador general de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha resaltado que el derecho a la salud "es un derecho garantizado y protegido" y ha reprochado el reglamento aprobado por el Gobierno porque "ha conseguido un retroceso para las personas migrantes en situación indocumentada, que tienen incertidumbre sobre cómo se les va atender en los centros de salud canarios".
El médico de familia y objetor Juan Carlos García ha dicho a Efe que "se ha pasado de una sanidad suficiente, gratuita y universal a una sanidad muy limitada, que no defiende al más débil".
Por ello, ha asegurado que él seguirá atendiendo a las personas en situación irregular "porque tienen sus derechos".
Este médico ha destacado que muchos de estos pacientes tienen patologías crónicas y ha considerado que "atenderlos en Urgencias sale diez o quince veces más caro que hacerles controles rutinarios".
