Los responsables de las nuevas tecnologías en el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria analizaron ayer en una mesa redonda organizada por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones en Canarias, celebrado en el Club LA PROVINCIA con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones, la implantación de la administración electrónica en el Archipiélago. Los expertos consideraron que embrollos burocráticos como el de la firma electrónica dificultan el acceso de los ciudadanos a aplicaciones institucionales en Internet y abogaron por facilitar los trámites.
"Las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo para que el marco jurídico no penalice el acceso a las administraciones" porque "supone una barrera de acceso" de las ciudadanía, indicó el director general de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del consistorio capitalino, Miguel Quintanilla, quién puso como ejemplo la firma electrónica y los certificados digitales, así como el DNI electrónico "que sólo lo utiliza el 5% de los ciudadanos".
Quintanilla explicó que una mejora para el acceso de los internautas ha sido el sistema utilizado para la realización del certificado de residencia. "En el ayuntamiento hemos buscado una alternativa al uso de la firma electrónica, algo más sencillo, como es el secreto compartido, compartiendo una información que la administración y el ciudadano conocen", explicó. Con ello "hemos conseguido realizar 112.00 certificados" a través de la web del consistorio sin necesidad de firma electrónica, añadió durante su ponencia.
A pesar de ello, Quintanilla apuntilló que la administración municipal "atiende en un año a 240.000 personas de forma presencial", y que "sólo el 2,5% de los trámites se realizan a través de sede electrónica; el otro 97% prefiere ir al Ayuntamiento en vez de hacerlo desde su casa con el pijama puesto", bromeó.
Sobre el certificado para acogerse a las subvenciones de viajes también se pronunció Magaliz López, consejera con delegación especial de la Sociedad de la Información del Cabildo de Tenerife, quién quiso verle el lado positivo al asunto. López aseguró estar "muy contenta" por la obligación de presentar el documento ya que ha supuesto un impulso para que la ciudadanía realice trámites administrativos a través de la red. "Hay cifras que hablan de más de 200.000 certificados realizados durante 11 días por la imposición", que "no hubiese sido tan fuerte si no se hubiera producido".
Un coste de papel
Para Roberto Moreno, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, la exigencia del certificado tuvo una valoración más negativa. "En el último año hemos medido el coste que ha supuesto pedir el certificado de residencia y han sido 351.000 euros sin contar lo que los ayuntamientos han invertido en poner al día sus sistemas de información para que se pueda solicitar desde casa telemáticamente", afirmó. Esto ha supuesto "un coste añadido a las administraciones, que no lo tienen en la Península, y al ciudadano, que céntimo a céntimo de euro ha hecho una bolsa de gasto por encima de los 350.000 euros" por un papel en la era de las nuevas tecnologías.
Como contraposición, Moreno puso como ejemplo los trámites a través de Internet en materia de industria, que "están dejando un ahorro sólo en papel en el orden de 300.000 euros anuales, en el paso de la administración tradicional de ventanilla, cola y papel, a una administración puramente electrónica, abierta las 24 horas al día todos los días del año".
En el acto, dirigido por Miguel Montesdeoca, decano territorial del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias; también participó Alfredo Espinosa, director general de Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, quién destacó el problema de las administraciones "que hasta hace un tiempo su estructura no estaba adaptada", por lo que desde la institución insular "hemos realizado una reorientación dirigida a la consecución de objetivos".
