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Educación se comprometió a mejorar el servicio este curso

Podemos ya advirtió en el Parlamento que "se vulneran derechos fundamentales"

La consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ante el problema que afrontan cada año los alumnos sordos y los intérpretes del lenguaje de signos, se comprometió en primavera a mejorar el servicio para el curso 2016-17. La promesa llegó después de que Natividad Arnaiz, diputada de Podemos en el Parlamento regional, lanzara una queja por la situación que vive este colectivo en las Islas y, de momento, según lamentan las partes interesadas todo sigue igual: con falta de traductores en las aulas y niños con capacidad para entender sólo 10 de las 30 horas lectivas de la semana.

En su intervención, durante una comisión parlamentaria, Arnaiz denunció que los problemas con lo que ese colectivo se ha topado durante los últimos años en el sistema educativo del Archipiélago han sido "un claro ejemplo de vulneración de los derechos fundamentales de las personas sordas".

La parlamentaria de Podemos recalcó que "el marco jurídico ampara a estas personas por innumerables leyes, decretos, informes y planes" como la "Constitución española, la ley canaria de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación o hasta la Convención de la ONU".

La diputada por Fuerteventura explicó ayer que "el 18 de octubre tenemos otra cita con la consejería de Educación" para tratar el tema, pero advirtió que "por lo que nos trasladan tanto los alumnos como los intérpretes todo sigue igual con el inicio del nuevo curso: no hay traductores para todos los niños con problemas de audición y la situación de los intérpretes sigue siendo precaria".

Casos en la universidad

Arnaiz detalla que el problema no atañe sólo a los estudiantes de primaria y secundaria. "Hay casos en la universidad", argumenta antes de recordar varios problemas concretos que denunció durante la comisión parlamentaria. "En Turismo", expuso, "una alumna tiene como asignatura alemán donde le obligan a oralizarlo y a escucharlo. Y como consecuencia no le quieren dar el título, sino un certificado".

La diputada de Podemos considera que "se están vulnerando los derechos fundamentales" de una parte de la población.

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