Los sindicatos convocan a una huelga a todo el personal no docente de Canarias

Las protestas del personal laboral ya comenzaron diez días atrás mediante dos concentraciones semanales ante sedes del departamento autonómico dirigido por Soledad Monzón, movilizaciones que continuarán durante la mañana de los próximos lunes y jueves frente a la Dirección Territorial de Educación e Inspección Educativa, respectivamente, de las dos capitales canarias hasta la celebración de la jornada de paro a mitad de junio. Convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (Stec-IC), Comisiones de Base de Canarias (Cobas), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Convergencia Sindical Canaria (CSC-Ocesp) y Comisiones Obreras (CCOO), la huelga no solo defiende el mantenimiento del actual puesto de trabajo de 35 personas en cinco centros (CEIP Galicia y Pintor Manolo Millares en la capital grancanaria), sino de toda la plantilla no docente tras la privatización progresiva durante los últimos años de categorías profesionales como limpiadores, técnicos de mantenimiento, auxiliares educativos o de servicios complementarios, lamentaron las organizaciones en el preaviso de paro, registrado a finales de mayo.

Incumplimiento de Monzón

"Esta privatización, mal llamada externalización por la administración, supondrá el traslado de las trabajadoras de jornada de 3,36 horas diarias a centros donde hayan aumentado las ratios de alumnos, que en muchas ocasiones les supone una merma en sus condiciones económicas", añadieron desde el Comité de Huelga antes de recordar que los gastos del cambio "forzoso a otros municipios se abonan muchos meses después".

Además, el presidente del Comité en Las Palmas, Adrián Castellano (Stec-IC), denunció la "falta de transparencia" y los "errores del procedimiento" por la ausencia de consultas a los agentes implicados, como las asociaciones de padres de alumnos, en la propuesta realizada por el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Juan Rafael Bailón. Sin olvidar, según el texto sindical, el "incumplimiento" del compromiso adquirido con la Coordinadora del Personal Laboral por la propia Soledad Monzón, quien en una reunión "manifestó que durante su mandato no se privatizarían servicios públicos".

Desde la Consejería de Educación, que ayer eludió pronunciarse sobre el conflicto, se argumentó, de acuerdo al preaviso de huelga, que la eliminación de los auxiliares de servicios complementarios en los cinco comedores de gestión contratada atiende "al interés público, social y económico para poder desarrollar acciones de carácter compensatorio que favorezcan al alumnado que se encuentra en situación desfavorable y que contribuya a la mejora del rendimiento escolar y favorezca la reducción del absentismo escolar". Para los sindicatos, sin embargo, las causas esgrimidas evidencian el "desconocimiento" de Bailón sobre la actividad profesional prestada por los auxiliares, que instruyen a los menores en correctos hábitos alimentarios y sociales, controlan las condiciones higiénicas del comedor y atienden a los niños al finalizar la jornada escolar.

Precisamente, la huelga no solo presenta reivindicaciones laborales, sino educativas y sanitarias, al vincularse con la enseñanza y alimentación de los menores de edad. "Lo primero que hay que dejar claro es que los comedores no son un negocio, se trata de un servicio esencial dentro de los centros educativos", argumentó Desiderio Sarmiento, miembro del Comité por Cobas, tras alertar de un aumento de 53 a casi 70 euros por alumno en el coste mensual del comedor para las familias.

Según Sarmiento, "los empleados públicos no nos debemos a los intereses particulares de ninguna empresa y es la mejor garantía de control y calidad". Desde Cobas sentenciaron que la privatización de los comedores escolares solo trae encarecimiento del servicio, empeoramiento de la calidad y precarización del empleo, incluida la pérdida de 70 puestos de trabajo desde 2014.