La mayor indemnización judicial concedida hasta ahora en España por una mala praxis médica, impuesta al Servicio Canario de la Salud (SCS) por valor de 1,3 millones de euros, servirá, "por lo menos, para sacar adelante a mis hijos, que no les falte de nada, que tengan lo que necesitan y que ganen calidad de vida, eso es lo primordial", sentenció este miércoles Tania Guardia García, madre de dos niños con síndrome de Lesch-Nyhan, tras conocer la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo de no recurrir la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante el Supremo.

En una sentencia difundida dos semanas atrás, el TSJC confirmó un fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se consideró probado que "la falta de diligencia" de algunos de los profesionales intervinientes en este caso ha provocado que la familia Guerra Guardia deba afrontar unas "consecuencias devastadoras". No en vano, el síndrome de Lesch-Nyhan, una enfermedad rara (un paciente por cada 380.000 nacidos vivos) de carácter hereditario pero que no siempre se transmite, presenta como característica peculiar el comportamiento autodestructivo, con lesiones compulsivas a su propio cuerpo, entre otros trastornos cognitivos y de conducta junto a la disfunción neurológica.

Tras descubrirse como portadora del síndrome ligado a una mutación del cromosona X con el parto de su primer hijo, que nació con Lesch-Nyhan en 2002, Tania Guardia y su nueva pareja, Iván Guerra Gil, se animaron a engendrar otro vástago diez años después al conocer la existencia de pruebas diagnósticas prenatales. Y con el antecedente del segundo, gestado sano, la familia decidió alumbrar al tercer hijo en 2014 con idénticas precauciones pero, aunque el análisis descartó el error congénito, el niño nació con la enfermedad, por lo que la pareja Guardia Guerra denunció al año siguiente ante los tribunales porque nadie avisó de la inseguridad del diagnóstico a causa de la contaminación de las muestras.

Desde el SCS se recurrió la primera condena al considerar "desproporcionada" la cuantía impuesta como compensación y, sobre todo, compartida con el Servicio Madrileño de Salud la responsabilidad patrimonial, ya que las muestras de ADN extraídas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias se analizaron en el capitalino complejo de La Paz. "No hay dinero en el mundo para compensar el daño en cuestión", respondió a finales de septiembre el TSJC antes de considerar "la muy elevada indemnización" fijada por la juez de instancia "proporcional al muy elevado daño causado (...), el mismo terrible síndrome".

Adoptada el martes por los servicios jurídicos, la decisión de no recurrir al Tribunal Supremo se conoció ayer durante una entrevista radiofónica al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, en la Cadena Ser: "Han decidido quienes tenían que decidir, para eso está la Justicia, y si hemos cometido un error y nos multan, asumimos la responsabilidad". Además, "lo sentimos muchísimo y, aunque no quiero justificar a nadie, tenemos millones de contactos con los ciudadanos cada día y no siempre podemos garantizar buenos resultados pero, en estas circunstancias, tenemos poco más que decir más que asumir la decisión de los técnicos", se excusó en antena Baltar.

"Todavía no nos lo creemos, ni mi abogado lo sabía, al menos, todo lo que hemos pasado sirve para creer en la Justicia", valoró Tania Guardia, que se echó a llorar al recibir la noticia por teléfono a través de una periodista durante el desayuno con una amiga. Aunque las disculpas públicas del actual consejero "me valen, creo que lo hizo por quedar bien porque no me ha sonado el teléfono nunca por parte del Servicio Canario de Salud o del Gobierno, absolutamente nadie", subrayó la también vecina de Gáldar.

"Tampoco me lo esperaba, pero es lo que buscábamos, que alguien se hiciera responsable, nos sentimos muy maltratados psicológicamente", añadió Iván Guerra tras la conclusión definitiva, después de tres años, del proceso judicial, al menos, saldado con la mayor indemnización impuesta hasta ahora en España.