"La distribución de medicamentos en oficinas de farmacia en España es un sector en el que podría tener lugar una competencia intensa en variables precio y, lo que aún puede ser más relevante, en accesibilidad, horarios, localización, o innovación, entre otras, con efectos muy beneficiosos para el conjunto de la sociedad". Esta es una de las conclusiones del estudio bibliográfico desarrollado por el investigador Juan Luis Jiménez, profesor de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el economista Mateo Silos, sobre los efectos de las restricciones de las oficinas de farmacia en España y en otros países de Europa.
Tras revisar la literatura que existe al respecto, ambos especialistas analizan las principales restricciones que existen a la competencia en el sector farmacéutico en España. Por un lado, las relacionadas con los límites a la apertura de farmacias y las distancias mínimas entre ellas; y por otro, las relativas al ejercicio de la actividad en la distribución de la venta minorista de medicamentos, dado que solo los titulados en farmacia colegiados, pueden ser propietarios de una oficina farmacéutica; solo estas pueden distribuir fármacos; la distribución online de medicamentos sin receta también está reservada a las farmacias; la competencia en precios está prohibida, puesto que los precios mayoristas de los medicamentos están regulados y los márgenes de distribución minorista están fijados por la normativa; y por último, están las restricciones de horarios de apertura y de publicidad.
"Esto hace que exista una situación muy poco competitiva, que nosotros denominamos monopolio, por todas las barreras que existen en este sector", indicó el profesor Jiménez.
En este contexto, analizaron los efectos negativos de dichas limitaciones, y ponen como ejemplo un artículo de 2008 de Bélgica, donde se comprobó que las restricciones de entrada en las oficinas de farmacia, reducían en más del 50% el número de las mismas en dicho país. En el caso de España, los investigadores señalan que en 2009, dos autores analizaron los efectos de las regulaciones en Andalucía y en el País Vasco y vieron que reducían en un 71% y un 36% respectivamente, las farmacias que habría si no hubiesen restricciones.
"Uno de los principales argumentos del monopolio es que si dejan que el mercado actúe libremente, el número de farmacias será menor, sobre todo en las zonas alejadas. Sin embargo, hemos comprobado que en Navarra, en el año 2000, se eliminó el límite máximo de farmacias y se redujo la distancia mínima entre ellas, cinco años después el número de las mismas aumentó un 80%".
El profesor de la ULPGC también recordó la existencia en España de una subvención estatal a la figura de la farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), normalmente ubicadas en zonas rurales, que tienen ingresos anuales inferiores a 200.000 euros. "El Estado le abona unos 800 euros máximo al mes para que puedan subsistir. Por tanto, ya existe un mecanismo de subsistencia de las farmacias en zonas no densamente pobladas en la normativa actual, no vamos a ir a peor".
Jiménez y Silos también desmontan el argumento de que España tiene la mayor red de oficinas de farmacia por habitante de toda Europa. "Lo cierto es que en muchos países se venden medicamentos en otros establecimientos, mientras que en España hay más farmacias porque es el único sitio donde se pueden vender".
En base a los resultados del estudio, los economistas señalan a los consumidores como el colectivo más perjudicado por dichas restricciones, ya que éstas se traducen en un precio más alto de los medicamentos y en un mayor coste de acceso a los mismos.
Ante los efectos negativos del monopolio de las farmacias, una de las preguntas que se plantea, es por qué las administraciones públicas siguen manteniendo dichas restricciones desde hace más de un siglo, ya que la primera ley conocida es de 1860. "Llevamos más de 150 años sufriendo esas restricciones. Por desgracia, los poderes públicos en España insisten en un régimen de monopolio que es contrario al interés público, anteponiendo el beneficio de unos pocos a la pérdida injustificada, ineficiente e injusta de muchos", y concluyen que dichos poderes públicos tienen en su mano aumentar el bienestar social. "¿Cómo? Aboliendo este régimen de monopolio y apostando por uno más favorable a la competencia, con mayor libertad de entrada y capacidad de competir, verdaderamente alineado con el interés general de los ciudadanos. Esperemos que esta reforma llegue cuanto antes", subrayaron.
