Una empresa recurre el concurso de ambulancias en Gran Canaria y Tenerife

Acciona-Icot, una de las empresas que se presentó al concurso de ambulancias de Canarias, ha presentado un recurso especial contra la adjudicación de uno de los lotes más jugosos de la licitación: el del servicio de vehículos de clase A2 para las zonas de Gran Canaria y Tenerife al quedar excluida su oferta. El valor estimado del contrato, según los pliegos de la subasta, rondaba los 146 millones de euros.

La compañía pide la suspensión de un concurso que partía con un presupuesto base de licitación -sin impuestos- cercano a los 100 millones de euros. El expediente del servicio de vehículos de clase A2 para las zonas de Gran Canaria y Tenerife (2AA/19) no es el único contra el que Acciona-Icot ha interpuesto una apelación. La empresa también ha recurrido el expediente 3AA, que subastaba el transporte sanitario en las islas menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y contra el que ha presentado un requerimiento la sociedad Atlantic Emergency.

En La Palma, La Gomera y El Hierro el servicio lo prestará, tras ser resuelto el concurso, la empresa Tasisa.

Tras los recursos presentados por Acciona-Icot y Atlantic Emergency el siguiente paso corresponde al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que tiene cinco días de plazo para suspender temporalmente el concurso. Si este ente despacha las apelaciones, las dos empresas podrán acudir al Contencioso-Administrativo.

Los requerimientos de Acciona-Icot y Atlantic Emergency coronan un proceso repleto de complicaciones. Por el camino quedaron otros tres recursos presentados por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario, UGT y Aeromédica, principal adjudicataria del concurso de ambulancias de 2008 y que fue anulado en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Prórroga

Esa polémica licitación, que acabó en los tribunales, fue prorrogada en 2015 por el ejecutivo presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que el año pasado llegó a ampliar la vida útil de parte del parque móvil del servicio sanitario de transporte -en las ambulancias pasó de 10 a 12 años- para que se pudieran mantener en circulación.

En verano, UGT pidió al nuevo Gobierno de Canarias -comandado por Ángel Víctor Torres (PSOE)- que paralizase todos los procedimientos vinculados a la adjudicación del transporte sanitario pues entonces no se habían contestado los recursos presentados, incumpliendo así la propia Ley de Contratos del Sector Público.

En aquellas fechas, el sindicato recalcó que frente al anterior Ejecutivo, que fomentó los "recortes" en el sector, el PSOE siempre había apoyado la "desprivatización", recordando la enmienda de Nueva Canarias donde el cambio de modelo de gestión se realizaría después de realizar los informes económicos y jurídicos.

Apenas medio año después, el PSOE ha adjudicado el concurso que puso en marcha Coalición Canaria y que el propio grupo socialista pidió que se anulara cuando formaba parte de la oposición.