Las familias piden medios para sacar de los orfanatos a los menores de tres años

Las familias que están en lista de espera para conseguir un menor en adopción han valorado de manera positiva de la nueva Ley de Protección de la Infancia, que acabará con la institucionalización de los niños de menos de tres años, y con la que se pretende simplificar los mecanismos de acogida y adopción al mismo tiempo que potenciar el acogimiento familiar frente a la residencia en centros y pisos tutelados. No obstante, demandan recursos para que el nuevo sistema sea realmente efectivo.

Consideran imprescindible que haya más medios y recursos para poner en marcha programas de acogimiento familiar, así como para agilizar la tramitación ahora excesiva tanto en la administraciones de menores como en la judicial. Y más medios también para la formación de agentes judiciales y personal de menores con criterios comunes de atención a los niños.

La reforma, cuyo anteproyecto aprobó la pasada semana el Consejo de Ministros, supone la incorporación a la postre de algunas de las propuestas que los distintos colectivos implicados en la adopción, desde las asociaciones de familias hasta los profesionales de los servicios de menores y de la Administración de Justicia, vienen realizando en los últimos años.

"Para nosotros ha sido una sorpresa ver cómo se han asumido en el texto del Gobierno y se ha escuchado nuestra opinión y la de los especialistas", explica María del Río Sánchez, presidenta de la Asociación de Familias Adoptantes de las Islas Canarias (Afaiac).

El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre de 2010 esta Comisión aprobó por unanimidad una resolución con las sugerencias que se incorporaron más tarde al texto legislativo que proyecta el Gobierno.

Adoptables

La presidenta de Afaiac Canarias intervino el pasado año en esa comisión. "Entonces subrayamos que una de las cosas que más nos preocupan es la institucionalización en centros de niños de 0 a 6 años. Y creemos que la nueva normativa incorpora una gran novedad con la supresión de la residencia de niños de 0 a 3 años en esos centros. Pero hacen falta medios para poner en marcha programas de acogimiento y que haya familias que quieran a estos menores", dijo.

Aproximadamente la mitad de los entre 30.000 y 40.000 niños en situación de desamparo en España viven en centros de acogida y la otra mitad con su familia extensa (tíos o abuelos, fundamentalmente). En Canarias, según la presidenta de Afaiac, hay unos 1.600 menores que viven en centros. "Son muchos los niños institucionalizados. Hace falta un registro estatal y en las comunidades autónomas, porque es muy difícil conocer la situación en cifras. Tampoco sabemos cuántas familias hay en lista de espera aguardando una adopción nacional. Pero lo triste de todo esto es que muchos niños han pasado su vida en centros, sin una familia", explica.

La reducción de un año a tres meses del periodo para presentar la propuesta de adopción ante el juez, otra de las novedades de la normativa, "difícilmente se va a cumplir", en opinión de José Luis Calvo, portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni). "No se puede hacer frente al plazo actual con los recursos que hay; así que si se acorta, menos se podrá cumplir".

Según Calvo, "sin un acompañamiento" de la nueva ley, con más medios y recursos, la solución a los desajustes en la protección a los menores no se corregirán. "Los problemas no están en la ley que se quiere reformar (la Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) sino en el sistema de atención al menor y en el aparato judicial, que son los que necesitan una reforma", dice.

Calvo, que recordó que el trabajo del Senado se impulsó "tras la desgracia del caso de la niña Piedad", afirmó que "hay muchos niños adoptables en los centros y no lo son porque pasan años en ellos" y son víctimas de la burocracia y lentitud legal.