Una madre tinerfeña será juzgada este lunes por el Juzgado de lo Penal número 3 de Alcalá de Henares, en Madrid, por una querella interpuesta por su expareja. El motivo es que hace tres años recogió a su hijo y lo trajo hasta Tenerife, presuntamente sin el consentimiento del padre. El Ministerio Fiscal solicita para dicha mujer, S.B.H., por un delito de sustracción de menores y, de forma alternativa, una infracción penal de desobediencia, la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a la patria potestad durante cinco años. De forma alternativa, la Fiscalía pide un año de cárcel e inhabilitación para el derecho de la patria potestad durante un año.

Este periódico se puso en contacto con la citada progenitora y su pareja sentimental, que prefieren posponer sus declaraciones y hacerlas una vez que se desarrolle el citado juicio. En cualquier caso, aseguran que ella tiene la custodia exclusiva del niño y así lo pueden acreditar.

Indemnizaciones

La acusación particular también pidió la apertura de juicio oral y una condena de cuatro años y medio de prisión, por los delitos de desobediencia grave a la autoridad (seis meses), sustracción de menor (dos años) y maltrato psicológico o trato degradante (otros dos años). Además, el letrado que representa al padre reclama para la madre diez años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, así como una indemnización al menor de 25.000 euros (que se depositarán en un fondo para sus estudios universitarios) y 12.000 euros más para el denunciante por los gastos generados en todos sus traslados a Tenerife, así como por el daño moral generado.

Según la acusación particular en este asunto, el menor de edad, que hoy tiene 9 años, fue presuntamente sustraído por su madre en Madrid y llevado al municipio de Buenavista del Norte en el año 2017. La pareja se separó en el 2015, pero al año siguiente la madre del menor regresó al domicilio de Íñigo, donde vivió hasta el 2017, aunque sin que existiera relación afectiva alguna. Durante esa etapa, el progenitor le pagó un colegio concertado al niño, en el que tenía un médico para atenderlo de su enfermedad crónica, así como la pensión de manutención. Entonces, la mujer decidió regresar a Tenerife.

El padre se opuso a que el pequeño volviera a la Isla con su madre y solicitó una modificación del convenio de custodia y medidas cautelares para que el niño no viajara a Tenerife. Y la jueza admitió la modificación de las medidas con carácter provisional y urgente. En base a los argumentos esgrimidos por el padre, Íñigo Tapias, que durante años tuvo su destino laboral en Tenerife, este tenía la custodia exclusiva del niño en el momento en que ocurrió la presunta sustracción del pequeño.

En Alcalá de Henares

El progenitor obtuvo la guarda y custodia de su hijo en septiembre del 2017, mediante un auto del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcalá de Henares. El citado documento recoge en sus fundamentos de derecho que "el menor cursará primero de primaria y tiene plaza reservada en el colegio Educrea El Mirador", al que acudió el curso previo a dicha resolución.

En el auto se especificó que el citado centro educativo disponía de un médico especializado que llevaba el control de la enfermedad que tiene el pequeño. En aquel momento, el referido órgano judicial estableció que, "en caso de persistir en el incumplimiento de dicho régimen de guarda y custodia, se impondrán multas coercitivas mensuales de 50 euros" a la madre.

Pero la progenitora continuó con su proyecto de establecer su residencia y la del menor en la Isla, por lo que decidió matricularlo en un centro de educación infantil y primaria de Buenavista del Norte. El denunciante remitió varios burofax a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que no se inscribiera al pequeño en dicho municipio norteño ni en ningún otro colegio del Archipiélago, en la medida en que ya tenía plaza en Madrid. Pero ese requerimiento no se tuvo en cuenta, a juicio del denunciante.

Ante dichas circunstancias, Íñigo Tapias realiza diferentes viajes a Tenerife. En el exterior de la vivienda de la madre solicitó que se le entregara al menor, pero no se atendió su demanda. También acudió en diversas ocasiones al colegio del pequeño, unas veces acompañado por la Policía Local, en otras por la Guardia Civil. Pero en ninguna ocasión el director del centro accedió a sus pretensiones.

Otra denuncia

Por ese motivo, el padre del pequeño interpuso denuncia contra el director del colegio, el inspector de zona y el exdirector territorial de Educación. A este último se le llegó a acusar por parte de Tapias de prevaricación administrativa, pero dichas actuaciones fueron archivadas en un Juzgado de Icod de los Vinos.

En estos momentos, explica el denunciante que su abogado tramita una solicitud de reapertura de este último procedimiento, ya que, según manifiesta, posee documentación que acredita que, a pesar de tener en aquel momento la custodia exclusiva del niño, la entrega fue negada en varias ocasiones.

Respecto al auto de septiembre del 2017 dictado por el citado juzgado de Alcalá de Henares, a la nueva jueza de ese órgano Tapias le pidió 11 ejecuciones de sentencia, pero no se llevó a cabo acción alguna, según él. Y un año y medio después, en marzo del 2019, se revocó el citado auto que otorgaba la custodia exclusiva al padre y en el juicio celebrado por tal hecho no se le permite presentar documentación. Desde ese momento, es la madre quien tiene la custodia exclusiva y se le otorgó al padre la posibilidad de visitar al niño.

Tres años sin ver al menor

Íñigo Tapias lamenta que en estos momentos tiene derecho a hacer visitas a su hijo, pero no lo ve desde hace tres años, presuntamente porque la madre no se lo permite. Esta situación se ha notificado ya a la Fiscalía, por si hubiera un nuevo incumplimiento de la progenitora en el citado régimen y si se hubiese producido otro supuesto delito de desobediencia. Desde hace varios años, Tapias dedica varias horas diarias a "trabajar" para intentar ver a su hijo y espera que la Administración de Justicia vele también por sus derechos.