Representantes en Canarias de la Plataforma Más Plurales, formada por las organizaciones patronales y sindicales más representativas de la enseñanza concertada, junto con las federaciones asociaciones de padres y madres de estos colegios, se sumaron ayer a la protesta convocada en el país contra la denominada Ley Celaá, aprobada el pasado jueves, 19 de noviembre. Decenas de personas se concentraron en la plaza de La feria en la capital grancanaria, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, para reclamar la retirada de la Lomloe, por considerar que ha sido aprobada sin consenso y “vulnera los derechos y libertades en educación”.
Agrupados en la Plataforma, colegios concertados, escuelas católicas, Cece, Fsie, Feuso, Concapa y Cofapa, se han unido para impulsar una campaña de concienciación social con el lema Más plurales, más libres, más iguales, para informar “del agravio de la nueva Ley al modelo de enseñanza concertada que ha convivido en equilibrio con la escuela pública durante más de 30 años y lo que ello puede suponer para los derechos y libertades de la ciudadanía. No en vano, la Ley Celaá vulnera los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el de la libertad de enseñanza”.
En la Península, la manifestación convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la Lomloe, llenó de vehículos las calles de más de 50 ciudades en más 30 provincias españoles para protestar al grito de Stop Ley Celaá.
Bajo el lema Por el derecho a elegir la educación que queremos, los manifestantes se han movilizado con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana. El manifiesto pide la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo. El texto defiende la complementariedad de las redes pública y privada-concertada y no admite que la Lomloe “permite a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado”. Los manifestantes no aceptan el modelo de “inclusión radical” que, a su juicio, pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial “a su progresiva desaparición”.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado necesaria la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo frente a las protestas de ayer, y ha esgrimido la Constitución ante las críticas a la eliminación en ella del castellano como lengua vehicular. Subrayó que es evidente que España necesitaba modernizar y reformar su sistema educativo. Recalcó que la pluralidad lingüística es un enorme activo para la sociedad española y, por ello, la nueva ley cumple el mandato constitucional de garantizar la enseñanza, la educación y el aprendizaje de las lenguas cooficiales.
