El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, presidió esta mañana una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que informó a los representantes legales de los trabajadores del SCS que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un incidente de subsanación y complemento de la sentencia dictada sobre la Oferta Pública de Empleo de 2018.

Tras estudiar dicha sentencia, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han interpuesto un incidente de subsanación y complemento de sentencia al amparo de lo previsto en el artículo 215.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas mediante un auto. Los demandantes disponen de cinco días para hacer alegaciones sobre lo aportado por la Administración.

En el proceso judicial, el SCS argumentó que la legalidad de esta OPE no puede ser objeto de debate por constituir una desviación procesal, ya que lo que realmente se impugna es la inactividad de la Administración al no desarrollar el Plan de Estabilización de empleo temporal para mayores de 50 años y no la legalidad en sí de la OPE.

Esta subsanación se interpone ante la misma Sala de lo Contencioso del TSJC de Canarias por no haberse pronunciado sobre la argumentación defendida por la Administración en el proceso judicial emprendido entorno a esta OPE. En el caso de que esta subsanación sea desestimada, se estudiará presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Por otro lado, la Dirección del SCS y las organizaciones sindicales coincidieron en la necesidad de conservar los actos firmes ya dictados en el desarrollo de la OPE de 2018.

Intersindical Canaria exige

Por parte de Intersindical Canaria, siempre hemos planteado, y lo mantenemos, una OPE excepcional por concurso de méritos para la permanencia en el empleo de todos los compañeros temporales y en fraude de contratación del Servicio Canario de la Salud. Entendemos que, tratándose de una cuestión de plazos, la actitud de la Administración ha sido absolutamente temeraria e irresponsable en el proceso de aprobación de esta oferta y sobre el Gobierno y el SCS deben recaer responsabilidades, para lo que acudiremos a las instancias necesarias. Pondremos todos nuestros esfuerzos en salvar la oferta de plazas. En el peor de los escenarios, y dada la situación de inestabilidad e inseguridad jurídica en la que nos estamos moviendo, se podrían perder más de 5500 plazas junto con el esfuerzo de los aspirantes, las repercusiones familiares, el agotamiento físico, psíquico y de recursos que eso supone, máxime, en el transcurso de un año de pandemia. Por ello, y también para posibilitar las recomendaciones europeas sobre exceso de temporalidad laboral, lo que procede es pactar una convocatoria extraordinaria restringida de permanencia por concurso de méritos.