Canarias será una de las cinco comunidades autónomas que se apoyen en la sanidad privada para vacunar contra el cornavirus. Una iniciativa a la que también han anunciado que se sumarán Cataluña, Andalucía, Murcia y Madrid, siendo esta última la que ayer aprobó una orden oficial para llevar a cabo la medida, según informó la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que señala que “desestimar” la infraestructura privada para agilizar la inoculación sería una irresponsabilidad por parte del resto.
Tras anunciarse la estrategia de vacunación el pasado mes de noviembre, la organización trasladó “de inmediato” al Ministerio de Sanidad la predisposición de ofrecer todos sus recursos e infraestructuras para contribuir a agilizar la administración del antídoto bajo las directrices de la sanidad pública.
“El Ministerio de Sanidad ha dejado en manos de las comunidades autónomas la planificación de la administración de vacunas en sus respectivos territorios, por lo que, ante la ausencia de un plan nacional que contemple la colaboración de la sanidad privada como parte del Sistema Nacional de Salud, son cada una de las administraciones sanitarias regionales las que deciden si hacerlo o no”, señalaron desde la organización.
Hasta el momento, Madrid ha aprobado oficialmente la incorporación de la sanidad privada a sus planes de vacunación. Lo ha hecho a través de la publicación de una orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) mediante la cual las autoridades sanitarias tienen la capacidad para habilitar y disponer de espacios e instalaciones adecuadas, públicas o privadas, para desarrollar la campaña de vacunación, así como para poner a su disposición a los centros sanitarios privados y sus profesionales para dicha tarea durante la emergencia sanitaria.
Además, Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia han expresado su intención de hacerlo a medida que se disponga de más dosis de las vacunas que debe recibir España a través de la Unión Europea.
El Archpiélago va a contar con la infraestructura sanitaria privada para vacunar a ciertos colectivos esenciales como farmacéuticos, fisioterapeutas y odontólogos, entre otros. Estas cinco comunidades autónomas suman el 56% de la población española. “Desestimar la infraestructura sanitaria privada para agilizar la vacunación de la población sería una irresponsabilidad por parte del resto de autonomías, tanto por la capacidad de ASPE (más de 312.000 profesionales, 460 hospitales y miles de clínicas repartidas por todo el territorio nacional) como por la experiencia y familiaridad con los sistemas de centralización de datos habitualmente utilizados por la sanidad pública en otros planes de inmunización como la gripe”.
