La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), al igual que la gran mayoría de universidades españolas, incumplen de manera generalizada las normas de calidad que marca el real decreto de 2015 y el nuevo decreto que prepara el Ministerio de Universidades. Así lo recoge el informe ¿A qué puede llamarse universidad elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), una plataforma de análisis y reflexión sobre la universidad formada por profesores, personal de administración y servicios de las cuatro universidades públicas de Barcelona, UAB, UB, UPC y UPF.

El estudio ha analizado el grado de cumplimiento de los requisitos marcados por la normativa en 48 universidades públicas y 33 privadas españolas y ha revelado que sólo 18 universidades cumplen los requisitos vigentes y bajan a 12, todas públicas -entre ellas la Universidad de La Laguna-, si se suman los requisitos del nuevo decreto.

En base a la normativa, el informe ha analizado el grado de cumplimiento en cuanto a oferta docente, actividad investigadora, plantilla de personal docente e investigador (PDI) y su cualificación, mientras que el capítulo de instalaciones y equipamiento no se ha estudiado por falta de datos.

La ULPGC ha emitido un comunicado en el que el nuevo equipo rectoral, presidido por Lluis Serra Majem, que tomó posesión del cargo el pasado día 12, traslada su preocupación por el informe de la OSU, donde se concluye que solo 12 de las 81 universidades españolas cumplen con las nuevas exigencias del Ministerio para ser consideradas universidades, unas exigencias que de acuerdo con ese estudio no cumple la ULPGC.

El equipo rectoral anuncia un cambio de rumbo para situar a la ULPGC “donde se merece”

“Hace menos de una semana que ha tomado posesión el actual equipo de gobierno por lo que no ha habido el tiempo suficiente para hacer un análisis de la situación de la ULPGC, sus debilidades, fortalezas y carencias. Es una de las tareas que se habían incluido en el programa electoral para reforzar la posición de la Universidad en el Archipiélago y en el campo nacional e internacional”.

A través del mismo, el nuevo equipo rectoral anuncia su compromiso para impulsar “un cambio de rumbo para que la universidad no languidezca y ocupe la posición que merece y por la que luchó la sociedad grancanaria. Es un trabajo que implica a toda la comunidad universitaria”.

El borrador del decreto que prepara el Ministerio de Universidades especifica que todos los centros deberán alcanzar los requisitos mínimos que se plantean, para lo que tendrán cinco años en el caso de los campus ya existentes, sean privados o públicos, impartan docencia presencial o a distancia.