Meses después de reconocer que algunos cargos públicos de las Islas se habían vacunado contra la Covid-19 saltándose el orden previsto en la Estrategia Nacional de Vacunación, el Gobierno de Canarias oculta si ha habido más casos de esta naturaleza. La respuesta a a distintas preguntas por escrito realizadas en el Parlamento de Canarias ha sido la misma: esos nombres no son de interés general y señalarlos supondría un perjuicio mayor que el supuesto beneficio.
Así queda reflejado en al menos dos resoluciones a preguntas de las diputadas Vidina Espino (Cs) y Luz Reverón (PP), que solicitaron en enero información sobre qué cargos del Gobierno de Canarias habían sido vacunados. En la respuesta se explica que, si bien por interés público se podrían revelar los datos personales de estas personas, antes de hacerlo se debía ponderar la proporcionalidad de sacarlos a la palestra pública.
Desde que la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, se vacunó sin que le tocara, empezaron a brotar otros nombres. Finalmente, se han hecho públicos los nombres de seis políticos y el máximo representante del Obispado de Tenerife. Concretamente, en la lista de personas no vacunadas en un tiempo y forma adecuada se encuentra la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, María Eugenia Rodríguez Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, María Mercedes Candelario Pérez; el concejal de Hospital, Salud Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo de Garachico, José Elvis de León Rodríguez; y la concejala de Bienestar de Arafo, Virginia Rodríguez; y el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez.
