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Sanidad

La anulación de la OPE de 2018 no afectará a los opositores

El TSJC se ratifica en su fallo de principios de marzo, pero afirma que los empleados públicos no deben sufrir las consecuencias

Varios sanitarios trabajan al unísono en la planta Covid del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife

Varios sanitarios trabajan al unísono en la planta Covid del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife

«Los empleados públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de las irregularidades que no le son imputables». Con esta frase, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un vuelco a la situación de indefensión en la que se encontraban miles de opositores sanitarios en Canarias. Esta frase, que el TSJC recoge en su fallo al incidente de subsanación solicitado por al sindicato de enfermería Satse, abre la puerta a que las plazas de la Oferta Pública de Empleo de 2018 (OPE 2018) –un total de 5.513– puedan seguir siendo ocupadas, a pesar de que el juzgado también se ratifique en su decisión de anular el decreto que regula su convocatoria.

Y es que la justicia canaria anunció ayer, en respuesta al incidente de subsanación del Servicio Canario de la Salud (SCS) presentado el 1 de marzo, que la anulación del Decreto 188/2018 que regula las oposiciones sanitarias es una decisión correcta. Esta oferta de empleo se convocó a finales de 2018, con el objetivo de convertirse en una macro-ope que ayudara a mitigar los daños generados durante la década en la que no se sacaron nuevas plazas a concurso público. En el incidente de subsanación solicitado por la Administración, se instó al juez fallar una resolución tan solo en base a los argumentos que habían presentado los demandantes, sin entrar a valorar si se hizo en tiempo y forma. Los demandantes tan solo habían solicitado que se cumpliera una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2018, que, aprobada por todos los grupos políticos, instaba a estabilizar de manera directa a todas los empleados públicos de más de 50 años.

Sanidad ha decidido, atendiendo a esta circunstancia, continuar con el desarrollo de la OPE

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Los demandantes son diez facultativos especialistas de área de más de 50 años de Gran Canaria, conformados en aquel momento como Plataforma de Consolidación que, más tarde, se integraron en la Mesa de la Confluencia de Canarias y solicitaban que se cumpliera una disposición adicional incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 –presentada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG)– en la que se acordó consolidar los puestos de trabajo de todos los empleados públicos de Canarias de más de 50 años. Lo que no sabía el colectivo es que fue el propio Estado quien paró los pies al Ejecutivo regional y tumbó poco después esta disposición al considerar que iba en contra de la Constitución.

En el mismo fallo del TSJC, el publicado ayer, se reconoce uno de los argumentos esgrimidos por Satse: «los efectos de la deficiente actuación de las administraciones públicas no deben ser soportados por lo empleados públicos que han adquirido esta condición superando las correspondientes –y sacrificadas– pruebas selectivas».

Con esto, los enfermeros, fisioterapeutas y matronas que comenzaron su proceso de selección el 12 de mayo de 2019 –cuando tuvieron que pasar la fase de oposición –, no tendrían ningún problema en el que caso de que la sentencia se haga firme. En principio, según estima el SCS, tampoco estarán afectado aquellos que hayan presentado la solicitud o estén a la expectativa de acceder a una plaza pública, por lo que, aunque se anule toda la OPE, los opositores no deberían sufrirlo.

Sanidad ha decidido, atendiendo a esta circunstancia, continuar con el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo, con especial interés en culminar los procesos selectivos de enfermeras, fisioterapeutas y matronas, las únicas categorías que se han examinado hasta el momento.

Se continúa la OPE

En estos tres colectivos concretos se ofertaron 1.280 plazas públicas (1.095 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 123 matronas), aunque se presentaron un total de 12.723 opositores. En el último mes, Sanidad ha hecho un esfuerzo importante en la resolución de estos procesos selectivos como avanzar en el concursos de traslados, que se encuentran a punto de resolverse. Por su parte, el abogado y profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), Gerardo Pérez, asegura que al anular este Decreto, se elimina «la cobertura jurídica de la convocatoria de plazas» que se publicó durante ese año. Para el letrado, la opción de que salvar a los opositores no sería automática, sino que debería acordarse entre las partes una vez la sentencia adquiriera firmeza. «Se tendría que presentar un incidente de ejecución de la sentencia donde se llegara a un entendimiento para que algunos colectivos, en este caso los ya examinados, quedaran al margen de su ejecución», indica Pérez.

La carta del Supremo

Sanidad también puede decidir interponer un recurso de casación al Tribunal Supremo y dejar la decisión en sus manos. No obstante, en caso de que esto suceda, «puede ocurrir que ratifique al TSJC, y entonces los opositores que se hayan examinado corren el riesgo de volver a la incertidumbre», señala Pérez, que insiste: «les puede colocar en un limbo». El SCS no se ha pronunciado sobre esto último, aunque en declaraciones previas había afirmado que en caso de que saliera desestimado el incidente de subsanación, recurrirían al Supremo. En todo caso, la Administración ya tiene prevista una hoja de puta para los próximos días. Este mismo miércoles celebrará una nueva reunión de la mesa sectorial de Sanidad, que ya había aprobado las bases de diferentes convocatorias públicas de empleo que afectan a 7.198 plazas de 60 categorías diferentes.

Las claves del proceso legal 

Demanda

Por la fijeza a los 50

  • Los demandantes solicitaban que la Sanidad cumpliera una disposición adicional incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 -presentada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG)- en la que se acordó consolidar los puestos de trabajo de todos los empleados públicos de Canarias de más de 50 años. Sin embargo, estos diez facultativos de Gran Canaria, no tenían constancia de que fue el propio Estado quien paró los pies al Ejecutivo regional y tumbó poco después esta disposición al considerar que ponerlo en marcha iba en contra de la Constitución. 

Sentencia

La OPE queda anulada

  • La sentencia se publicó el 1 de marzo, y en ella se exponía que la totalidad de la Oferta Pública de Empleo de 2018 quedaría anulada por no haber sido presentada correctamente en tiempo y forma. el Decreto 188/2018 se publicó 31 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y por ley, ningún concurso de oposición se hace firme hasta 20 días después de su publicación en el BOC. Esto significa que este proceso adquirió firmeza el 20 de enero de 2019 y el TSJC considera que, una vez cambia el año, ya no se puede publicar una plaza correspondiente al anterior.

Subsanación

Sanidad pide una revisión

  • La Administración, el mismo día que se dicta la resolución, envía un incidente de subsanación doonde se pide al juez fallar la resolución tan solo en base a los argumentos que habían presentado los demandantes, sin entrar a valorar si se hizo en tiempo y forma.

Nuevo fallo

Anulada pero sin limbo

  • El nuevo fallo del TSJC deja claro que la OPE debe ser anulada, pero ya no deja en el limbo a los opositores pues considera que ellos no tienen la culpa de las deficiencias administrativas.

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