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La primera huelga de inspectores de la historia acaba con un 70% de participación

La Administración rebaja la cifra al 42,2% - Los convocantes lo consideran un «éxito»

Los inspectores de Salud Pública se manifiestan a las afueras de la Consejería de Sanidad | | LP / DLP

Los inspectores de Salud Pública se manifiestan a las afueras de la Consejería de Sanidad | | LP / DLP

Los inspectores de Salud Pública no acudieron ayer a ningún restaurante para comprobar que estaban cumpliendo a rajatabla las medidas anticovid. Tampoco se presentaron en los supermercados con el fin de asegurar que todo lo que se vendía esta en orden ni cogieron muestras en las piscinas ni el mar para garantizar su buen estado. Alrededor del 70% –42% según los datos proporcionados por la Administración– de los 110 inspectores sanitarios que ejercen sus labores en toda Canarias decidió ayer parar sus labores. «Nos sentimos abandonados, en una situación de precariedad laboral total», señaló Jafet Nonato, representante del colectivo, quien también afirmó que esta primera huelga –histórica para el colectivo– fue todo «un éxito».

La escasez de medios que sufren los inspectores sanitarios desde hace más de una década ha sido el detonante del conflicto con la Administración. Los problemas no solo vienen como consecuencia de una falta de material actualizado a los tiempos actuales, sino que dicha escasez es extensible a los recursos humanos y a los medios de transporte transporte. Tras más de una década – desde 2007– esperando que se solucionen las deficiencias que se han ido advirtiendo a los distintos consejeros de Sanidad, el cuerpo de inspectores de Canarias se ha cansado de esperar. «La Consejería de Sanidad nos envío una carta este viernes firmada por el director del Servicio Canario de la Salud afirmando que se buscarían soluciones a nuestro problema después del 21 de junio», explicó Nonato, que calificó de «inaceptable» que Sanidad aún pida más tiempo para corregir las deficiencias con las que el cuerpo ha tenido que trabajar sin descanso.

Y es que, con un número tan bajo de efectivos, el Archipiélago cuenta con un profesional de estas características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de España donde la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes. «En algunas comunidades es incluso mayor, como en el caso de Galicia», resaltó el representante de los trabajadores. Durante este tiempo, lo único que se ha hecho son ofertas de empleo público (OEP) que tan solo han servido para «estabilizar» a parte de la plantilla, pero no ha ampliado los recursos. Respecto a los medios materiales, los trabajadores acuden a muchos servicios con tres sencillas herramientas: «termómetro, clorímetro y bolígrafo». A ello se une la incapacidad de la Administración para resolver una necesidad histórica: dotar a los trabajadores de un transporte ágil para realizar sus inspecciones. Hasta ahora han estado obligados a desplazarse en su vehículo particular por un precio por kilómetro «irrisorio», y plantean que esta concesión que se ha hecho de buena fe durante años, acabará durante este mes.

«No vamos a utilizar más medios propios», sentencia Nonato, que adelanta que este será el siguiente paso a tomar en el caso de que la Administración continúe sin darles una solución beneficiosa. «Hay muchas insuficiencias, y no se notan porque ponemos nuestros medios personales, así que a partir de ahora ya no lo haremos», insistió.

Además de la huelga, el colectivo de manifestó ayer en las sedes de la Consejería de Sanidad de las islas capitalinas y delante del Parlamento de Canarias, en Tenerife. Unos 38 inspectores afectados en esta isla corearon consignas como «de precariedad, basta ya» y alzaron pancartas donde mostraban su descontento por las políticas adquiridas con su colectivo insistiendo en que «con la salud de todos no se juega».

Estos 38 trabajadores fueron, además, los que asistieron a la huelga del total de 44 efectivos que conforman la plantilla en Tenerife, lo que supone un 78% del total en esa isla. Una cifra que, aunque es alta, «podría haberlo sido más», si no hubiera sido por los servicios mínimos en los que se obligó a asistir a todos los mataderos. Tenerife fue la isla con mayor participación, seguido de Gran Canaria donde fue del 77,2%. No obstante, en esta isla hay al menos una decena de personas de baja, por la propia presión laboral que sufren diariamente y, por tanto, sin contarles, este número desciende al 70%. En La Gomera acudió el 60% y en Lanzarote el 55,5%.

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