La plataforma-asociación de afectados del volcán sigue recogiendo firmas con el objetivo de que las diferentes administraciones públicas cumplan con las ayudas comprometidas. En este sentido, han fijado el 31 de diciembre como fecha límite para recibirlas.
Piden que Interior abone las partidas para sufragar los alquileres de casas y locales comerciales
Los damnificados señalan que aún no se han tramitado las partidas del Ministerio del Interior de destrucción de viviendas y negocios: una ayuda «vital» para el pago del alquiler de una vivienda o un local. Igualmente, reivindican que tampoco se han entregado la mayoría de casas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, «lo que está generando que los afectados no dispongan de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados».
El Gobierno regional tampoco ha pagado aún la ayuda para muebles y enseres, «lo que está impidiendo a los afectados tener los enseres básicos de hogar imprescindibles para su vida diaria».
El reparto de los donativos
Con respecto a los donativos aportados solidariamente a las cuentas del Cabildo y de los ayuntamientos, también reclaman que no se han abonado en el caso de la institución insular y el consistorio de Los Llanos de Aridane, lo que según indican «tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas».
Entre sus quejas destacan que «en los primeros días se perdió mucho tiempo»
Además de estas reivindicaciones, que esperan que queden resueltas en las próximas dos semanas, subrayan que no cuentan con la seguridad de que vayan a ser indemnizados por las propiedades perdidas sepultadas por las coladas de lava y, sobre todo, que estas recuperen el valor que tenían antes del inicio de la erupción, el pasado 19 de septiembre. «Creemos que los afectados no tienen ninguna responsabilidad por haber edificado en la zona en la que ninguna autoridad les advirtió previamente del riesgo volcánico en la misma», denuncian en su escrito. Por esa razón proponen un cambio de ley que permita a que estos vecinos «dispongan de capacidad económica para rehacer su vida mediante la compra de un terreno para la construcción de una casa y una finca con el dinero de dicho justiprecio».
En esa línea, el presidente de la comisión gestora de la Plataforma de Afectados, Pablo Domínguez, lamenta que haya vecinos en una situación «muy mala, y otros que lo llevan un poquito mejor». Según él, «hay mil historias diferentes, porque las afecciones son muy diversas», aludiendo a que hay personas que están «en la ruina total y otras en situaciones más llevaderas».
Sobre la no llegada aún de muchas de las ayudas prometidas, reclama que se trata de «un tema muy sensible», ya que los afectados en general «estamos nerviosos por la situación un poco compleja».
Domínguez indica que «por un lado hay ayudas de emergencia que han funcionado» pero lamentando que «hay casos muy difíciles de personas que se han quedado de la noche a la mañana sin nada; de tener una situación desahogada a estar en la indigencia total», cuenta respecto a las graves consecuencias de la erupción volcánica.
Por esta razón reclaman las ayudas económicas directas, considerando que «se perdió mucho tiempo» en la puesta en marcha del Registro Único. Así, lamenta que durante las primeras semanas indica que «estuvimos mareados» temiendo que, aunque el registro ya esté en marcha, «todavía van a tardar las ayudas directas, porque tendrán que terminar este registro para hacer la operación final de reparto».
