«En torno a 400 millones son las ayudas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España», aseguró ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Son exactamente 399,7 millones de euros, pero aún no están sobre la mesa, sino más bien sobre el papel. Al menos en su mayor parte. La principal ayuda que esperan los damnificados por la erupción del volcán palmero son las indemnizaciones por la pérdida de las viviendas arrasadas por la lava o sepultadas por la ceniza. Esos 30.000 euros por casa que al final serán 60.000 –como máximo– después de que el Consejo de Ministros decidiera el viernes duplicar la cuantía. Ese mismo día, Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, afirma «categóricamente» que la ayuda por la destrucción de la vivienda «no la tiene nadie en el bolsillo». El propio Gobierno central, a través del Ministerio de la Presidencia, confirmaría después del Consejo de Ministros que, efectivamente, todavía ninguna de las familias que han perdido su hogar ha recibido la indemnización. El Ministerio corroboró la afirmación del alcalde de forma indirecta al explicar que «para facilitar que las ayudas lleguen lo antes posible a los afectados, la Delegación del Gobierno en Canarias podrá conceder el pago de un anticipo a cuenta de hasta el 50% del importe máximo». Es previsible que los pagos empiecen a hacerse en los próximos días, algo que dan por descontado en el Ejecutivo regional, pero de momento nadie ha recibido un euro por este concepto.
Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas como coger el dinero de las arcas públicas y transferirlo a las cuentas de los damnificados. Cuando menos esto es lo que vienen explicando desde el Gobierno de Canarias, que en última instancia es el encargado de la concesión de buena parte de las subvenciones e indemnizaciones aprobadas en Madrid. «He escuchado decir que las ayudas tienen que llegar más rápido, pero todavía no he escuchado ninguna propuesta de cómo hacerlo, y le aseguro que si hubiera una propuesta factible, la aplicaríamos de inmediato», expone el viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Antonio Olivera.
En cualquier caso, el representante del Gobierno canario –que al margen de la lluvia de millones anunciada por Pedro Sánchez también ha aprobado ayudas con fondos propios– recuerda que ya se han entregado cantidades para paliar la crisis en la isla bonita, en concreto las correspondientes a las ayudas de emergencia y las destinadas para reforzar las plantillas de los Ayuntamientos y del Cabildo de La Palma y así poder atender en condiciones a los damnificados. En el caso de las indemnizaciones por la pérdida de viviendas, Olivera hace hincapié en que por mucho que se aceleren los trámites administrativos –y el viceconsejero asevera que se han acelerado como nunca antes–, hay unos mínimos que en ningún caso pueden soslayarse. Es necesario, sin ir más lejos, que los afectados presenten una prueba documental de la propiedad, por ejemplo, y a veces también hay que hacer tasaciones. Pero, además, el viceconsejero puntualiza que debe tenerse en cuenta que los 60.000 euros son una indemnización que complementa la que en cada caso abona el Consorcio de Compensación de Seguros. El problema se produce en los casos de viviendas que no tenían seguro, que es por lo que el senador Fernando Clavijo reclama desde que empezaron a caer las primeras casas que se indemnice a los propietarios por el valor real de la vivienda.
Los 60.000 euros se les darán a todos los damnificados con independencia de que su casa o piso estuviera o no asegurado. Ocurre, sin embargo, que esta cuantía máxima es a todas luces «insuficiente», denuncia el alcalde de El Paso, para compensar la pérdida de muchas de las viviendas arrasadas por la lava; de hecho, la media de lo que están cobrando del Consorcio de Seguros quienes sí tenían su propiedad en regla es de 180.000 euros. ¿Qué pasará entonces con quienes no tenían la casa asegurada y, además, no tienen otro sitio en el que vivir? Pues «evidentemente» –precisa Olivera–, el Gobierno les dará una prestación –al margen de esos 60.000 euros de ayuda estatal– y buscará una solución en cada caso. «Eso es una cosa, pero lo otro tiene que tener límites», subraya el viceconsejero. ¿Y qué es «lo otro»? Pues ese eventual caso de quien tenía varias propiedades inmobiliarias no ya sin asegurar, sino directamente sin legalizar, y que, pese a ello, se pretenda la misma compensación con cargo a las arcas públicas que para el resto de afectados. Sea como sea, parece que las ayudas por la pérdida de viviendas son, ahora sí, inminentes. «Solo se estaba pendiente de la intervención del Estado», ahonda Olivera.
Con todo, desde el Gobierno central aseguran que de los 399,7 millones aprobados, ya se han «movilizado» 138, un 34,5%. Entran en esos 138 millones los 13,5 en anticipos para el sector del plátano; cinco millones ya abonados para la compra de enseres; otros 1,5 millones –1,2 con fondos propios del Gobierno de Canarias– para los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte; otros diez millones para ayudas de emergencia a empresas y autónomos; y los 15 millones de la línea de subvenciones para el sector primario. Además, hay que tener en cuenta el coste de la adquisición de viviendas y de la compra e instalación de prefabricadas, y también el de las medidas de ayuda indirectas: prestaciones por cese de actividad para autónomos, exenciones en el IRPF y Sociedades, ERTE específicos –hay 1.100 trabajadores–, exoneraciones del pago de las cuotas de la Seguridad Social, aplazamientos de deudas y la factura –dos millones solo este año– por los 600 desalojados que duermen en hoteles.
