A los médicos no les gusta que se hable de violencia obstétrica para designar malas praxis en el embarazo y el parto y se han quejado en múltiples ocasiones de que el Ministerio de Igualdad quiera legislarla como una forma de violencia machista. Sin embargo, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia considera que ha llegado el momento de abordar esta realidad incómoda para mejorar la salud de las mujeres.
Para ello, ha creado un grupo de trabajo de violencia obstétrica y perspectiva de género en salud, una iniciativa novedosa que pretende abrir camino desde el diálogo constructivo, la escucha de mujeres y profesionales afectados y el conocimiento científico.
"Es una iniciativa pionera, también muy necesaria. La violencia obstétrica es una realidad que lleva muchos años en discusión y controversia y es necesario que como profesionales entremos a formar parte de esa discusión, controversia o diálogo entre las partes implicadas. (...) Es una realidad transversal que afecta a todos los países e instituciones, La violencia sanitaria que vivimos, muchas veces institucional y estructural, es fruto de una sociedad patriarcal y androcéntrica que ha entendido la medicina de una forma muy autoritaria", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, la doctora Mina Comas, responsable de este grupo de trabajo.
La violencia obstétrica ya se reconoce como una forma de violencia machista en la ley catalana contra la violencia de género y la futura legislación nacional sobre el aborto pretende incluirla también. Esta semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, confirmaba en el Congreso de los Diputados que entre los objetivos de la reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo estarán la prevención y erradicación de la violencia obstétrica.
Un término que genera rechazo
La reforma del aborto se está negociando en estos momentos en el seno del Gobierno. Igualdad y Sanidad son los ministerios encargados de negociar los términos de la futura legislación. El proceso ha comenzado con buena disposición, pero se espera que la regulación de la objeción de conciencia y la inclusión de la violencia obstétrica constituyan los aspectos de mayor fricción entre los socios de Gobierno, debido a las reticencias que muestran las sociedades médicas.
En los últimos meses, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se han mostrado contrarios a la utilización del término violencia obstétrica, al considerar que es ofensivo, inapropiado e injusto, pues criminaliza a los profesionales sanitarios.
Sin embargo, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia quiere avanzar y abrir camino con su nuevo grupo de trabajo a pesar de que, como reconoce Comas, no les gusta tampoco el término "violencia institucional", si bien incide en que existe y está aceptada por la ONU, la OMS y otras instituciones.
"Que nos guste o no no tiene que impedir que trabajemos el simbolismo que representa. No vamos a enfrentarnos ni a cambiar un término que ha reconocido la OMS, tenemos que entender el fondo de lo que ocurre y como profesionales, que muchas veces somos segundas víctimas de la violencia obstétrica, queremos trabajar para rehabilitar, recuperar, prevenir, visibilizar y formar a los profesionales para erradicar estas prácticas de las que en ocasiones no somos conscientes", precisa.
"Mucho camino por recorrer"
El Observatorio de Violencia Obstétrica de España define este tipo de violencia como “el desconocimiento de las necesidades emocionales de la madre y del bebé en cualquier momento del embarazo, del parto y del puerperio inmediato, así como de la autoridad y autonomía que la mujer tiene sobre su sexualidad, su cuerpo y sus bebés y las posturas, ritmos y tiempos que requiere el parto para desarrollarse con normalidad”.
El intervencionismo, las episiotimías, los partos inducidos sin necesidad, el abuso de las cesáreas son algunos ejemplos.
Comas hace hincapié en que los integrantes del grupo de trabajo de la sociedad catalana de ginecología y obstetricia quieren participar en ese debate de forma "abierta, empática, constructiva y escuchando todas las voces". Lo integran 35 profesionales de distintas disciplinas implicadas: ginecólogos, obstetras, anestesistas, psicólogos, neonatólogos, pediatras, psiquiatras...
El grupo pretende trabajar para mejorar la salud física de la mujer, pero también la emocional, porque la realidad es que hay "situaciones de traumatismo emocional" especialmente en la maternidad, el parto y el posparto: "Son realidades que existen y hemos de escucharlas, entenderlas y empezar a construir puentes de diálogo para evitar que ocurran", apunta.
"Las mujeres no sólo demandan un bajo intervencionismo, sino resultados perinatales buenos en términos de salud física, emocional e integral de la mujer y en ese sentido nos queda mucho camino por recorrer", afirma.
El grupo de trabajo también explicar bien que la práctica obstétrica en sí nunca es una práctica de violencia, porque practicar cesáreas salva muchas vidas de mujeres y bebés. Es violencia la forma en la que se ejerce, si es innecesaria se convierte en una "práctica violenta y abusiva con claros perjuicios para la mamá y el bebé".
Comas reitera que las mujeres "tienen todo el derecho a decidir sobre sus cuerpos", pero con la máxima información posible, no sesgada y basada en la evidencia científica.
Cuatro líneas de actuación
El grupo de trabajo centrará sus esfuerzos en cuatro ámbitos: datos, formación y sensibilización, investigación científica y soporte institucional.
En primer lugar, investigarán cuál es la realidad de la violencia obstétrica en España y en el mundo porque son escasos los datos existentes: "Necesitamos tener indicadores fiables de qué ocurre, que sean honestos y transparentes".
A continuación, se trabajará en la formación y sensibilización de profesionales, con especial incidencia en una comunicación con las pacientes que huya de eufemismos y tecnicismos y sea directa y empática.
"Muchas veces los profesionales no entendemos que una determinada práctica sea entendida como violencia, (...) pero quizá no sabemos explicar la indicación de ese procedimiento y estamos lejos de comunicarnos de forma empática y escuchar cuáles son los intereses y demandas de las mujeres", sostiene. Un consentimiento informado, dice, no puede ser entregar una hoja de papel en un pasillo de un centro médico.
La tercera vía de actuación del grupo de trabajo será investigar cuál es el impacto de la violencia obstétrica vivida por las madres, las parejas, las familias y los bebés, así como estudiar qué prácticas se están utilizando de forma sistemática y no están basadas en la evidencia científica, para lo que es necesaria una revisión continua de los protocolos de actuación. Además, evaluarán modelos alternativos no convencionales de atención al parto, como los centros de nacimiento, donde la profesional de referencia es la matrona y no el médico y se atiende a mujeres con embarazo de bajo riesgo con resultados muy buenos de seguridad y de satisfacción de las madres.
El cuarto eje de actuación será la reivindicación de la necesidad de soporte institucional, pues la atención a la salud sexual y reproductiva ha sido devaluada históricamente en cuanto a recursos económicos, técnicos y humanos.
La voz de alarma de la ONU
A pesar de que las sociedades médicas rechazan este término, España ha sido apercibida por las Naciones Unidas por el caso de una mujer que fue víctima de violencia obstétrica. En su primer pronunciamiento sobre la violencia obstétrica, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (Cedaw) instó en 2020 a España a adoptar políticas públicas para combatirla, a garantizar procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica y a brindar capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual reproductiva a los profesionales de la salud y los operadores de justicia.
En ese dictamen, Cedaw indicaba que la violencia obstétrica incluye malos tratos y abusos verbales y físicos durante el parto. “Es hora de poner fin a la violencia obstétrica. Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio durante el parto”, sostuvo la vicepresidenta de este comité, Gladys Acosta Vargas.
La Organización Mundial de la Salud indica que existe evidencia de que el "trato irrespetuoso y ofensivo a las mujeres" durante el parto es bastante frecuente y asevera que el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en este proceso pueden constituir una violación de los derechos fundamentales: "Las embarazadas tienen derecho a recibir un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva".
