Los investigadores serán los más favorecidos por el nuevo decreto-ley y su posterior publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado mediante el que se establece un tipo de contrato indefinido dirigido al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta modalidad, que recibe el nombre de contrato de actividades científico-técnicas, servirá para contratar a personas que realicen tareas vinculadas a líneas de investigación o se encarguen de servicios científico-técnicos, incluida la gestión científico-técnica de dichas líneas. Estos contratos no están sujetos a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
La aprobación de este decreto-ley llega después de la entrada en vigor de la reforma laboral que, entre otras medidas, eliminó los contratos de obra y servicio. Un gran número de personas que trabajaban en el ámbito de la ciencia tienen este tipo de contratos, asociados a proyectos de investigación, por lo que, una vez que éstos últimos terminaban, podían ser despedidas. En muchos casos, tiempo después, volvían a ser contratados dentro del mismo grupo de investigación, encadenando contratos temporales durante años, lo que implicaba una gran precariedad laboral.
Las personas que disfruten de este nuevo tipo de contrato tendrán derecho a indemnización en el caso de que la relación finalice. Además, la norma aprobada esta semana exige que las personas que sean contratadas con esta modalidad, dispongan de un título académico, que puede ser el de técnico, técnico superior, licenciatura, ingeniería o arquitectura, incluyendo las técnicas, diplomatura, grado, máster o doctorando. En todo caso, su contratación debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia.
Por otra parte, los contratos no tendrán que ser autorizados de forma previa en el caso de que estén vinculados a financiación de carácter externo o que proceda de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva en su totalidad. El decreto ley que ha entrado en vigor da luz verde a que se formalicen estos contratos en los organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en universidades públicas, en los consorcios y fundaciones públicas, así como en centros del Sistema Nacional de Salud y fundaciones y consorcios de investigación biomédica.
Desconocimiento y sorpresa
Esta normativa recién publicada todavía no es del conocimiento de la mayoría de los principales afectados por ella, los jefes de equipos de investigación y los propios investigadores.
Es el caso del catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Octavio Pérez Luzardo, en la rama de Toxicología, que lidera una grupo de investigadores con cuatro personas contratadas «por supuesto con contratos de obra y servicios» se muestra realmente satisfecho con esta nueva normativa por el Gobierno central «porque nos soluciona muchos problemas que llevamos arrastrando muchísimo tiempo».
En su caso concreto, explica que «conseguir el dinero para un proyecto no es lo más complicado, que también lo es, sino cómo contratar a los profesionales que te hacen falta para sacar adelante el proyecto concreto porque las condiciones laborales que se les ofrecen son siempre en precario, a través de los tradicionales contratos de obras y servicios y a través de fundaciones externas, fuera de la universidad por el temor que tienen éstas de tener que quedarse con estos trabajadores de forma indefinida y, por tanto, no se benefician de pertenecer al colectivo del personal de la institución académica y parecen trabajadores de segunda», asegura Pérez Luzardo.
A su lado, una de sus investigadores, Andrea Acosta, también sorprendida por la noticia de esta nueva legislación, que la coloca en una posición de mejora de sus condiciones de trabajo muy importante.
Esta ingeniera química, del grupo de investigadores de Octavio Pérez, cuanta que ha estado los tres últimos cursos con becas de colaboración. «Después», sigue explicando, «trabajé aquí, en la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con ayudas del Fondo de Garantía Juvenil y ahora tengo un contrato predoctoral durante los próximos cuatros años».
«Resulta angustioso saber que te quieren y te necesitan para un trabajo concreto pero que no cuentas con una situación de estabilidad y que, en un momento concreto, te puedes ver en la calle»
En palabras de Andrea «resulta angustioso saber que te quieren y te necesitan para un trabajo concreto pero que no cuentas con una situación de estabilidad y que, en un momento concreto, te puedes ver en la calle».
Para esta investigadora también ha resultado una novedad muy positiva saber que este cambio de la normativa le va a permitir ejercer su trabajo con mayores garantías y «con muchas más ventajas de las que tenemos hasta este momento. Me alegro mucho, espero que todo mejore de verdad».
Aunque el proyecto de ley para reformar la vigente Ley de la Ciencia incluía el establecimiento de esta modalidad de contratación indefinida, lo cierto es que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria y aún quedaban meses para que pudiera ser aprobada. En la práctica, por tanto, la entrada en vigor de este decreto-ley adelanta el establecimiento de esta figura contractual.
Las recientes medidas permitirán abordar la elevada tasa de temporalidad en la ciencia española, que en algunos organismos, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según datos de Comisiones Obreras, rondan el 40% de la plantilla.
«De verdad que creo que es una gran noticia», reitera el catedrático de la ULPGC, Octavio Pérez que está a punto de contratar a un nuevo investigador para su actual grupo de trabajo.
