¿Son las ciudades para los coches o para las personas? ¿Pueden soportar las áreas urbanas los crecientes índices de congestión del tráfico y de contaminación? ¿Cómo es posible que en Canarias haya más vehículos a motor que habitantes con licencia para conducirlos? Estas son algunas de las preguntas a las que intenta dar respuesta la movilidad sostenible, ese concepto cada día más de moda y cuyo desarrollo está transformando el paisaje de las grandes metrópolis del mundo y, también, de las capitales canarias.
Cambiar la cultura del coche particular para instaurar un modelo de transporte más sano y respetuoso con el medio ambiente es el objetivo de los planes de movilidad sostenible que se empiezan a aplicar en el Archipiélago. Aunque con retraso respecto a otras urbes españolas, esta batalla por ganar la calle para las personas ya no tiene marcha atrás porque es una exigencia de la Unión Europea y una fuerte apuesta de la mayoría de los gobiernos locales, aunque con resultados dispares y aún con reticencias de una parte de la población. Todavía hay sectores que se sienten perjudicados por esa modificación de su entorno, pero es más fuerte el movimiento por preservar el medio ambiente y avanzar hacia costumbres de vida más saludables.
La movilidad sostenible en Canarias persigue, en síntesis, invertir la actual pirámide de la movilidad urbana y cambiar la escala de prioridades, pues la evolución de las ciudades ha consistido hasta hace pocos años en reservar el mayor espacio público para la circulación y el aparcamiento de los vehículos a motor, dejando en segundo plano a los peatones y a los demás medios de transporte.
90%
Ocupación
- Los estudios realizados en Canarias revelan que las calles están diseñadas para el uso del coche privado. La circulación y el aparcamiento ocupan el 90% del espacio.
Desde finales del siglo pasado existen directrices de la UE y recomendaciones del Estado para elaborar los denominados Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de cada ciudad o municipio, donde la prioridad es el peatón. Y de ahí hacia abajo la bicicleta y la reciente patineta eléctrica, el transporte colectivo (guaguas, tranvías, trenes), los transportes de bienes y servicios (taxis, camiones y furgonetas de reparto), el uso compartido de los coches privados y, finalmente, el vehículo a motor para utilización individual.
El PMUS de Las Palmas de Gran Canaria (378.675 habitantes) se aprobó en el año 2014 y ya se han cumplido «casi en su totalidad» los objetivos que se planteaban en ese documento, según asegura José Eduardo Ramírez, actual concejal de Movilidad. Esas primeras actuaciones incluían una reordenación de las lineas de guaguas, una red de carriles bici, un servicio público de alquiler de bicicletas, aumentar la peatonalización de calles e incrementar del uso del taxi mediante una tarifa única para que la gente de los barrios alejados pague lo mismo que la población de la parte baja de la ciudad.
Hay un dato revelador «del éxito» de las medidas adoptadas, subraya Ramírez. En el año 2011, mientras se elaboraba el plan, se hizo una encuesta y reveló que el 70% de los ciudadanos de la capital grancanaria utilizaba su vehículo privado para moverse. Diez años después, en 2021, otro sondeo reflejó que el 51% de la población ya se trasladaba de forma sostenible. El porcentaje de las personas que seguían utilizando el coche particular había bajado al 49%.
Por lo tanto, más de la mitad de los residentes han optado por caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público. «En una década se ha visto un avance importante y la idea es continuar», explica el concejal, quien adelanta que «el siguiente reto es conquistar la parte alta de la ciudad para la movilidad sostenible».
En las calles y avenidas de la denominada zona baja de Las Palmas de Gran Canaria se han creado unos 50 kilómetros de carriles bici y «la idea es tener otros 40 o 50 kilómetros en la parte alta», resalta Ramírez, para quien el cambio del paisaje urbano es fundamental. «La gente se anima a usar la bicicleta o la patineta eléctrica desde que ha encontrado una infraestructura segregada y segura», apunta.
Además de aumentar los carriles en los barrios altos, el Ayuntamiento prevé reforzar tras el verano el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y también comprar unas 400 patinetas para facilitar que los usuarios puedan llegar con ellas a esas zonas más elevadas de la ciudad.
Reordenación
«Esta actuación irá acompañada de la modernización del transporte público mediante una segunda reordenación de la red; ese cambio estaba previsto para cuando entrara en servicio la metroguagua, pero desde el próximo año ya haremos algunas modificaciones para mejorar las frecuencias y los horarios con los barrios de la ciudad, pues hemos conseguido contratar más conductores y ayudas del Cabildo para comprar guaguas”, precisa Ramírez.
La construcción de la linea de tren hasta Maspalomas se ve más lejana en el tiempo, no antes de diez años en los cálculos más optimistas, pero está contemplada en el planeamiento y el Ayuntamiento considera que será una solución para descongestionar la entrada sur de la ciudad.
Aunque los problemas de polución atmosférica no son acuciantes, el gobierno municipal ya se está planteando crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para prohibir la circulación de los vehículos antiguos y más contaminantes. Ya hay dos áreas previstas, en el barrio de Alcaravaneras y en el entorno de Las Canteras y Guanarteme.
El concejal sostiene que los hábitos de la movilidad están cambiando y que, en general, la ciudadanía entiende las medidas que proponen los ayuntamientos. «Como en otros lugares que lo hicieron antes, no diría que generan rechazo, pero sí escepticismo, por lo que se requiere mucha información y pedagogía, y aún así no siempre es fácil», admite.
Sin embargo, una vez que están implantadas esas infraestructuras, «la gente lo empieza a valorar y a entender». Pone como ejemplo reciente la liberación del tráfico en un tramo de la avenida Mesa y López. «Muchos vecinos -recuerda- estaban enfadados y mucha gente no entendía bien por qué queríamos peatonalizar esa calle; ahora yo paseo por allí y no encuentro a nadie que diga que está peor; de hecho, seguro que nadie concebiría que diéramos marcha atrás y dijéramos que vamos a dejar pasar los coches otra vez».
Ocurrió lo mismo cuando se peatonalizó la calle Triana en la década de 1980. Los comerciantes pusieron el grito en el cielo con el argumento de que la gente no iría a comprar a sus tiendas al no poder aparcar en la puerta del local. «Ahora, si a alguien se le ocurriera pedir que los coches vuelvan a pasar por el medio de Triana, se tendría que ir de la Isla», bromea.
780
- El parque de vehículos a motor en todo el Archipiélago canario ronda 1,7 millones de unidades, incluyendo los de alquiler. Eso equivale a 780 por cada 1.000 habitantes. Hay más vehículos que licencias de conductores.
Según Ramírez, hasta el lobby de los importadores de vehículos, el más combativo contra las restricciones al tráfico o la implantación de los trenes, ha acabado entendiendo que este cambio de hábitos es a nivel mundial y que «no tiene ninguna lógica» utilizar el coche particular para hacer una gestión en un sitio cercano.
«Son políticas que de entrada generan una reacción, sobre todo escepticismo, pero que al final acaban triunfando porque son buenas; tampoco es que seamos originales, porque esto se está haciendo en todas partes y hay consenso en ello», comenta.
Capitales como Vitoria, Sevilla o Pontevedra son pioneras en movilidad sostenible y los ejemplos a seguir por las demás urbes españolas, algunas más retrasadas que las capitales isleñas. De Las Palmas de Gran Canaria se valora «el cambio tan radical y rápido», afirma Ramírez. Incluso fue una de siete ciudades españolas invitadas hace unos meses por el Senado para exponer su experiencia.
Santa Cruz de Tenerife (208.563 habitantes) aprobó también su PMUS en el año 2014 y ahora lo tiene en revisión, con un proyecto estrella de Zona de Bajas Emisiones que transformará el paisaje de la parte baja con nuevas peatonalizaciones de calles y restricciones del tráfico a los vehículos más contaminantes.
En su «apuesta decidida por la mejora de la calidad del aire, la reducción de la congestión del tráfico, la disminución de la contaminación acústica, la mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero y mejora de la calidad de vida ciudadana», el Ayuntamiento de Santa Cruz ha previsto cinco actuaciones en la zona centro de la ciudad y que buscan «un cambio en los patrones de movilidad», anuncia Evelyn Alonso, la concejala responsable de Seguridad y Movilidad.
Guaguas eléctricas
Las dos primeras actuaciones están relacionadas con el transporte público. La inicial es la compra de 11 guaguas 100% eléctricas para dar servicio a cinco líneas urbanas (903, 923, 914, 920 y 921). Esas cinco rutas dan servicio a 835.834 viajeros/año y la puesta en servicio de esos vehículos será progresiva, desde octubre de 2023 hasta abril de 2024. La segunda es la creación de instalaciones auxiliares para la alimentación de las guaguas totalmente eléctricas, con 11 cargadores de velocidad lenta (100 kW) nocturna en el Intercambiador, con capacidad sobrante para aumentar la flota eléctrica rápidamente.
La tercera actuación, que Evelyn Alonso califica como «el proyecto más ambicioso» de futuro, es la creación de una Zona de Bajas Emisiones que multiplicará por 3,5 la superficie de acceso restringido ya instaurada en el Plan Urban de principios de siglo. Así, se pasará de los actuales 226.697 metros cuadrados hasta los 796.622 metros, «constituyéndose en el tablero o base donde se apoyan el resto de actuaciones».
La futura ZBE abarca toda la zona central de Santa Cruz, donde existe gran número de residencias y los principales puntos de atracción de viajes (oficinas, comercio y administración pública), con intensidades superiores a los 35.000 vehículos/día. Se regulará progresivamente el acceso, la circulación y el estacionamiento de coches, de acuerdo a requisitos medioambientales e integrando en su gestión a los residentes, aparcamientos subterráneos y vehículos de reparto.
La ZBE pasará del área restringida actual, controlada mediante cámaras, interfonos y pilonas, a una gestión más automatizada con cámaras y plataforma de gestión, el control total de accesos (39), la reordenación del espacio público y la ampliación de zonas para peatones y carriles para movilidad personal.
La regulación del aparcamiento afectará a 7.500 hogares y 16.604 residentes (8% de la población del municipio). Se trata de 1.754 plazas en superficie, de las que 1.342 están en el barrio de El Toscal. El objetivo es la disminución del número de viajes en vehículo privado al área de la ZBE, en un 30% tras la implantación (de 29.800 a 21.300 coches al día) y en un 40% en el año 2030 (17.900 vehículos).
Aunque los PMUS dan una especial relevancia al uso de la bicicleta, la red de carriles de Santa Cruz se limita a 6,5 kilómetros, aunque pendiente de un proyecto para llegar hasta el barrio de San Andrés y la playa de Las Teresitas. Para paliar esos déficit, pues tampoco existe actualmente un servicio municipal de alquiler de bicis y patinetas, la cuarta actuación del Ayuntamiento es crear una red de movilidad personal en el centro de la ciudad con un millar de aparcamientos y al menos 25 puntos de recarga eléctrica.
Esta propuesta está ideada para los más de 33.000 vecinos que tienen sus residencias en un margen de 150 metros, además de otros usuarios que realizan viajes intermodales, pues la red conecta con el Intercambiador y con los principales aparcamientos en el exterior de la ZBE. Esta red aprovechará el carril bici de la costa ya existente, que se conectará con las calles que suben hacia el centro.
50
Kilómetros
- Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad de las Islas con mayor implantación de carriles bici y aspira a otros 50 en la parte alta. Santa Cruz tiene 6,5 kilómetros.
Por último, como quinta actuación, se contempla la remodelación de dos calles. En Imeldo Serís se ampliarán las aceras, el tráfico se limitará a un único carril de tres metros y solo quedarán doce plazas de aparcamiento. En la calle La Rosa, eje principal del barrio del Toscal (declarado BIC como Conjunto Histórico), se plantea la renovación de sus 650 metros de longitud, además de dar continuidad al principal eje peatonal entre el Intercambiador y el Cuartel de Almeida, cosiendo todo el centro de Santa Cruz.
«Estamos redactando estos proyectos para tenerlos a final de 2024», resalta la edil santacrucera, quien reconoce que la ZBE es la iniciativa más polémica porque no todos los coches podrán entrar en esas calles, lo que preocupa a los comerciantes y a los repartidores autónomos.
Al respecto, Alonso quiere transmitir un «mensaje de tranquilidad» y aclara que el control no se hará por la antigüedad de las matrículas, sino por el nivel de contaminación, pues no siempre un vehículo vetusto genera más polución. También se estudiará qué tipo de subvenciones se pueden ofrecer a esos comerciantes para que puedan acceder a vehículos más sostenibles.
Emisiones
La reducción de plazas de aparcamiento en el centro se compensará con un aumento de los estacionamientos disuasorios en las entradas a la ciudad y con una mejora de los servicios de guaguas y tranvías. «Este Ayuntamiento ha apostado siempre por los transportes públicos, pero hay que explicar a la gente que hay que caminar más y que esa zona de bajas emisiones no afectará a los comercios», comenta la edil.
Otra de las preocupaciones de la capital tinerfeña es el impacto de las patinetas eléctricas en las vías urbanas y en la seguridad de los peatones, un problema que afecta por general a todas las ciudades. Para ello se establecerán unas normas básicas y un régimen de sanciones para que se respeten los derechos de los transeúntes y los demás vehículos.
Alonso considera que las infraestructuras y los servicios de guaguas, tranvías y taxis ya son acordes a las necesidades de una movilidad sostenible y permiten que «el ciudadano pueda dejar el coche en su casa». Para fomentar el uso de vehículos no contaminantes, el Consistorio se propone realizar una concesión para el alquiler de bicicletas y patinetas eléctricas a una única entidad, como ocurre con Sagulpa en la capital grancanaria.
«Hubo una experiencia hace unos años, pero no funcionó», recuerda la concejala. Ahora, para arrendar uno de esos aparatos, ya sean eléctricos o mecánicos, los visitantes de Santa Cruz tienen que recurrir a empresas turísticas privadas, que los ofertan en varios puntos de la ciudad. También se trabaja en resolver los problemas para construir un carril bici hasta Las Teresitas, hasta ahora bloqueado por las reticencias de la Autoridad Portuaria a que pase por el interior de sus muelles y recintos. Si no se autoriza finalmente ese carril por el puerto, señala Alonso, se buscarán otras rutas alternativas para llegar al barrio de San Andrés.
El objetivo es invertir la pirámide para dar prioridad a los peatones y de ahí hacia abajo situar la bicicleta, el transporte público y al final el coche privado
En la ciudad de San Cristóbal de La Laguna (158.010 habitantes) «está todo por hacer en materia de movilidad sostenible», reconoce María José Roca, la actual concejala de Movilidad. Los anteriores gobiernos municipales, declara, ni siquiera aprobaron el correspondiente PMUS del municipio, que es el que fija las actuaciones y permite acceder a las ayudas del Estado y de la Unión Europea.
Roca espera que la licitación para redactar ese documento concluya esta próxima semana y que en los primeros meses de 2023 se pueda disponer de ese plan para empezar a tomar decisiones de calado y solicitar los fondos comunitarios. No obstante, la concejala asegura que ya se están ejecutando medidas para salir de ese retraso respecto a localidades de una población similar a La Laguna, que ejemplifica en el hecho de que actualmente solo existen cuatro kilómetros de la red de carriles bici, el llamado trazo grueso. En teoría, admite, ni se puede calificar como una ruta para bicicletas, pues no tiene punto de salida ni de llegada, es un tramo que no conecta nada en concreto.
Una de las primeras actuaciones es diseñar el trazo fino del resto de esa red, que se calcula que tendrá 23 kilómetros sobre calles y aceras. Este mismo año se podría empezar a ejecutar el tramo que conecta la Avenida de Los Majuelos con el centro de la ciudad.
«Para reducir el uso del coche con otros sistemas, o con la intermodalidad de guaguas y bicicletas, lo primero es definir qué se quiere conectar desde el trazo grueso, decidir cada una de las calles del trazo fino», explica la responsable municipal.
De los tramos previstos, uno de los prioritarios es el que va de la pirámide de la Facultad de Periodismo hasta Guajara y al interior de La Laguna, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de la empresa Sagulpa para detallar el trazado final y el sistema de alquiler.
Estudiantes
«Es un recorrido que vemos fundamental para empezar porque sabemos que hay muchos estudiantes que lo utilizarán y será una sistema mixto de bicis eléctricas y mecánicas», precisa Roca, quien subraya que La Laguna se está guiando por tres modelos ya experimentados en otras ciudades: el de las bicicletas de Las Palma de Gran Canaria; el de la peatonalización de Pontevedra; y el del urbanismo táctico de Barcelona.
«Este gobierno apuesta por la movilidad sostenible como un estandarte de su programa para este mandato y por eso estamos trabajando para crear la primera zona de bajas emisiones, hemos implantado el primer bici-registro y somos los únicos socios canarios de la Red de Ciudades que Caminan», recalca Roca, quien sostiene que La Laguna tiene la ventaja de que está declarada Patrimonio de la Unesco y casi todo el casco antiguo está liberado del tráfico desde hace décadas.
Las ciudades de La Laguna y Telde carecen aún de planes de movilidad urbana sostenible y no podrán acogerse a las ayudas de Europa hasta el año 2023
En pleno confinamiento del coronavirus se culminó la peatonalización de la avenida Heraclio Sánchez, una de las principales arterias de ciudad universitaria. Fue un ejemplo, según la concejala, de la recuperación de los espacios públicos para las personas, pues ese día «se volvieron a ver niños jugando en la calle y eso es señal de una sociedad sana y segura».
La ciudad de Telde (102.769 habitantes) tampoco tiene PMUS, pero ya lo ha encargado a través de una empresa municipal y en el mes de junio saldrá a licitación, por lo que habrá que esperar a 2023 para tener el documento aprobado. No obstante, según su concejal de Movilidad, Agustín Arencibia, ya se han acometido varias actuaciones, entre las que cita los carriles bici del Valle de Jinámar, que tiene su propio plan de sostenibilidad, y de la nueva carretera de Melenara. «Son pocos kilómetros para lo que son necesarios, pero habrá un plan ambicioso para ampliar esos carriles en otras zonas del municipio, limitar la velocidad en áreas urbanas y peatonalizar más calles», adelanta Arencibia.
