Las familias rechazan asumir el coste de la falta de recursos en las escuelas

A casi dos semanas de iniciarse el curso académico 2023/2024, la Confederación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Canarias (ConfapaCanarias) denuncia, por segundo año consecutivo, el «copago ilegal» que «endeuda» a las familias canarias con la vuelta al cole. Las ampas rechazan asumir el coste de la escasez de recursos en infraestructuras y equipamiento en las escuelas isleñas y reclaman al Gobierno de Canarias que incremente en diez millones de euros al año el presupuesto de Educación para cubrir los gastos de funcionamiento y adquisición de material didáctico de los centros escolares.

«En los colegios públicos falta lo más básico en infraestructuras y equipamiento, la escuela está infradotada de medios y recursos. Las familias están inyectando millones de euros cada curso escolar para sufragar materiales tan básicos como los folios, fotocopias de exámenes, materiales didácticos y productos de higiene», asegura Sergio de la Fe, presidente de la Federación de Ampas de Gran Canaria y vicepresidente de ConfapaCanarias.

De la Fe denuncia que se sigue exigiendo a las familias dicho copago, a pesar de que en septiembre de 2022, tras la campaña liderada por ConfapaCanarias contra el copago educativo bajo el lema No es normal, no es legal, la Inspección Educativa emitió un oficio recordando a los equipos directivos de los centros la prohibición de pedir cuantías económicas o aportaciones de materiales a las familias. «El año pasado nos resultaba relativamente sencillo encontrar la información en las páginas web de los centros educativos sobre la imposición de gastos para material escolar a los padres, pero este lo hemos ido recabando a cuentagotas debido a que, a raíz de la campaña que hicimos durante el curso pasado, la práctica del copago, lejos de desaparecer se ha convertido en algo más soterrado, las demandas ya no están en las páginas web, sino que se comunican de manera privada, bien a través del formato papel a la hora de conformar la nueva matrícula, por correos electrónicos o incluso también nos constan llamadas telefónicas, insistiendo en la obligatoriedad de estos ingresos».

ConfapaCanarias cifran en nueve millones, 40 euros por alumno, el gasto que asumen los hogares isleños en la vuelta al cole

La Confederación ha hecho las cuentas y cifra en 40 euros de media el gasto por alumno que asumen actualmente las familias en la vuelta al cole, lo que supone más de nueve millones de euros anuales que aportan directamente los tutores de los 229.672 alumnos y alumnas de las enseñanzas gratuitas -segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y FP Básica- en las Islas. A esta cantidad habría que sumar, según denuncia ConfapaCanarias, las donaciones que realizan las ampas a los colegios, «miles de euros anuales que se destinan a cuestiones tan elementales como contar con pérgolas de sombra en los patios, fuentes de agua, reparaciones, equipamientos tecnológicos y deportivos...».

Añaden al respecto que las cuotas que pagan las familias por ser socias de las ampas terminan en la cuenta de resultados de los colegios, «no siempre bien contabilizadas» y, por consiguiente, las familia están sufragando gastos propios de la Consejería de Educación o de los ayuntamientos que no se reflejan en la contabilidad de los colegios e institutos. «Todas estas cuantías que las familias y las ampas aportamos, no aparecen desglosados en los presupuestos. Todo lo más, aparece un epígrafe, que es un cajón de sastre, que se llama Otros ingresos, y cuando son cuestionados ante la falta de transparencia sobre el abono de las familias y la inversión de las ampas en arreglos, sustituciones, pinturas y otras cuestiones de mantenimiento de los centros, nos dicen que la propia aplicación de la Consejería no permite ese desglose».

Poli Suárez se compromete con los padres y madres de alumnado a «repensar» la financiación de los centros públicos

En base a ello, ConfapaCanarias exige una mejora en las herramientas de control presupuestario de los centros educativos y poner a disposición de los mismos personal para apoyar y auditar los presupuestos y su gestión. También solicitan que se revise al alza el cálculo de los fondos que se entregan a los centros para gastos de funcionamiento, recursos pedagógicos y actividades complementarias, «de tal manera que se incremente en, al menos, 10 millones de euros anuales los presupuestos de la Consejería para esta partida, en línea además con alcanzar el 5% del PIB destinado a Educación, porque nosotros estamos absolutamente seguros de que si sumamos la inversión pública a la de los copagos saldría que superamos con creces el 5% de financiación del sistema educativo en Canarias», apuntó Sergio de la Fe, al tiempo que calificó de «trampantojo» el término de «escuela gratuita».

Gratuita, inclusiva y equitativa

Por su parte, Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, recordó la reunión mantenida con miembros de ConfapaCanarias -Vicente Brito, presidente de la Federación de Ampas de La Palma; Cristina Camacho, representante de la Federación de Ampas de Lanzarote; y Sergio de la Fe y Marian Álvarez, presidente y vicepresidenta respectivamente de la Federación de Ampas de Gran Canaria­-, en la primera semana de agosto. Tras dicho encuentro, el consejero se comprometió a mantener reuniones específicas periódicas en las que analizar y resolver las preocupaciones de las familias respecto a las necesidades del sistema para garantizar una educación «gratuita, inclusiva y equitativa» de calidad.

«Estamos trabajando, intensamente para resolver aquellas reivindicaciones y necesidades que sean posibles con la mayor urgencia. Vamos a aumentar las ayudas al material escolar flexibilizando condiciones como la renta familiar tope porque lo que es una prioridad de esta Consejería es que el peso de esos gastos no recaiga sobre las familias más vulnerables y aliviar sus economías. También debemos repensar la financiación de los centros para que no se produzcan esas peticiones de dinero a los padres y madres, porque la educación pública es un derecho», concluyó Poli Suárez.

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