La juez ha admitido a trámite la denuncia que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó el pasado 3 de abril en los Juzgados de Plaza de Castilla contra el Ministerio del Interior debido a las presuntas irregularidades detectadas en perjuicio de los guardias civiles en el proceso de equiparación salarial. Unas irregularidades que, hasta el momento, están impidiendo la plena ejecución del acuerdo firmado por los representantes de los cuerpos policiales con el Gobierno en marzo de 2018, según ha informado.

El sindicato informó de que el texto presentado recoge que cuando el Gobierno y las asociaciones firmaron el acuerdo de equiparación salarial se llegó al compromiso de contratar a una consultoría externa que trasladaría los trabajos y los estudios elaborados a las asociaciones del Instituto Armado. Lo que se denuncia ahora es que nunca se produjo este traslado por parte de la consultoría contratada, Ernst & Young Abogados S. L. P.

Para AUGC, uno de los aspectos claves de esta denuncia es la información que publicó el medio digital El Independiente el pasado día 26 de marzo con el siguiente titular: 'Interior ordenó maquillar el informe de la equiparación salarial diciendo que no habría más dinero'. Ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid considera que "es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado."

Para ello, la juez convoca para prestar declaraciones testificales tanto al periodista que firmó la información como a representantes de la consultora junto a personal funcionario que ha estado presente en el proceso de negociación por la equiparación salarial de los cuerpos policiales del Estado con los Mossos d'Esquadra. Estas declaraciones tendrán lugar el próximo 10 de junio.

El sindicato recuerda que en el acuerdo firmado en marzo de 2018 con el Gobierno, publicado en el BOE, se indicaba expresamente que las asociaciones colaborarían en el proceso de equiparación. Sin embargo, en lo relativo a dicho informe externo, el ministro del Interior justificó la ausencia del mismo el pasado día 27 de marzo, durante el pleno del consejo celebrado ese día, alegando que aún no se habían recibido esos trabajo, pero la versión del ministerio quedó días después en evidencia, tras conocerse que supuestamente sí habían recibido el estudio siendo el mismo rechazado, por falta de validez en el análisis de puesto a puesto de trabajo entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, dando un nuevo plazo de 45 días hábiles para la finalización del trabajo por parte de la consultoría.

Para AUGC, la admisión a trámite de la denuncia por parte del juzgado "viene a confirmar que existe una sobrada base para la preocupación por la falta de transparencia y las presuntas irregularidades que se observan en este proceso, llegando incluso a pronunciar que 'los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal', cuestión en sí misma que evidencia la necesidad del inicio de las acciones legales, que anteriormente a su comienzo ya habíamos informado a los responsables ministeriales".

AUGC reseña que gracias a la denuncia el juzgado ha reclamado "a la entidad Ernst & Young a fin de que remita a este juzgado los documentos, informes etc, que hayan elaborado en relación con el contrato de los servicios de consultoría para el análisis de la retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el seguimiento de la implementación del Acuerdo entre el Ministerio del interior, sindicatos de la policía nacional y asociaciones profesionales de la guardia civil."