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Tribunales

Acusada una pareja de cubanos de captar y prostituir a cuatro venezolanas

La Fiscalía pide hasta 27 años de cárcel - El acusado las amenazaba con una pistola falsa

Imagen de la Ciudad de la Justicia donde se celebrará el juicio Juan Castro

Una pareja de cubanos se sienta en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial la próxima semana (desde el 2 hasta el 4 de noviembre) por presuntamente captar y prostituir a cuatro mujeres venezolanas durante el 2018. La Fiscalía pide para ambos condenas que van desde los 20 hasta los 27 años de cárcel. 

La tesis de la acusación pública se fundamenta en que U. S. M., de 34 años, alquiló una vivienda el 20 de mayo de 2020 en Telde para alojar a las víctimas que, tras llegar desde Colombia, Venezuela y Madrid, debían «ejercer la prostitución» con el fin de que él se «beneficiara económicamente». El ‘modus operandi’ que utilizaba para «nutrir la casa de chicas» era «captarlas» a través de las redes sociales.

El Ministerio Fiscal hace énfasis en que el acusado hacía «un especial esfuerzo» para engatusar a mujeres del país sudamericano debido a la situación de necesidad económica y vulnerabilidad en la que vivían. Sumado a la condición social y política del país. Desde que las contactaba, les ofrecía trabajo en su casa, a algunas les detallaba que debían prostituirse.

El hombre las traía y prostituía, mientras su pareja les quitaba el pasaporte y les cobraba el dinero

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El hombre también les ofrecía correr con los gastos del traslado desde donde estuviesen hasta la Isla. Una vez que arribaban a Gran Canaria, las recogía en el aeropuerto y las llevaba hasta la vivienda. Además, estableció un horario en el que debían prostituirse que iba desde las 14.00 hasta las 3.00 horas. Eran las mismas chicas las que debían cobrar por los servicios -«sin que pudiesen rechazarlos»- y las tarifas oscilaban de 60 euros por media hora a 100 euros los sesenta minutos. 

Las víctimas debían, según la Fiscalía, entregar al acusado el 50% de lo que hacían pero también satisfacer la deuda que habían adquirido con él por haberlas traído a Gran Canaria. A su vez, estableció un «sistema de multas» que las afectadas estaban obligadas a pagar de no cumplir con las labores de limpieza de la vivienda o «si no estaban listas para los servicios». Quitarles el pasaporte era uno de sus métodos para intimidarlas al dejarlas indocumentadas en el país, pero no era el más peligroso, y es que las amenazaba con pegarles un tiro en los pies de no pagar las cantidades que exigía.

El acusado tenía una pistola -a la que llamaba Catalina- de aire comprimido de la marca Pietro Beretta Gardone modelo 92FS que utilizaba para intimidar a sus víctimas. Al tiempo que manifestaba que tenía conocidos dentro de las cárceles de Venezuela.

El acusado no actuaba sólo y es que su pareja, también cubana, de 29 años, era quien le acompañaba a recoger a las perjudicadas al aeropuerto. A ella, era a la que las víctimas debían entregar sus pasaportes y el dinero por los servicios que ofrecían. 

A una de las mujeres le amenazó, supuestamente, con pegarle un tiro en las piernas

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Una de las afectadas había migrado a Colombia «por la necesidad económica» que tenía derivada de la situación de Venezuela y dejó a dos hijos de dos y cuatro años con su madre en su natal país. A principios de agosto de 2018 contactó con el procesado quien le dijo que se llamaba David, este le ofreció trabajo como prostituta y le prometió unas ganancias de entre seis mil y siete mil euros mensuales. Este le compró el billete de avión desde Bogotá, Colombia, hasta la Isla donde empezó a trabajar el mismo día que llegó. A otra venezolana que estaba en Madrid le dijo que la contactaba a través de una amiga para que trabajase haciendo shows de webcam y ella aceptó. Sin embargo, al llegar fue obligada a prostituirse o de lo contrario «le pegaría un tiro en las piernas». 

Una de las jóvenes, que tenía 18 años, fue traída también desde Madrid para prostituirse, algo que la chica aceptó debido a que la situación de ella y su familia en Venezuela «era muy precaria». A ella le impuso multas y además, el acusado ejerció un «control» sobre ella para satisfacer sus deseos sexuales, por lo que la obligó a mantener relaciones con él en tres ocasiones en el domicilio de este en Telde. Al punto de que «le apuntaba en la cabeza con el arma para que se desnudase» y le decía que mandaría fotos de ella a su pareja, a la vez que le amenazaba con que si le decía algo a la otra acusada, «la picaría y la echaría al mar».

La acusación pública pide que los procesados las indemnicen con 18.000 euros a cada una

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A otra de las víctimas la trajo desde Venezuela, ella también aceptó ejercer la prostitución porque era quien podía proporcionar el sustento a la familia y la única con pasaporte. Tras arribar el 19 de agosto de 2018, la obligó a pagar 300 euros de alquiler más 2.000 euros del viaje. El procesado tuvo que devolverle el pasaporte a la joven cuando se enteró de que un cliente le había denunciado.

Tres de las cuatro las víctimas han sufrido traumas psicológicos por estos hechos, por lo que la Fiscalía pide que se les indemnice en 18.000 euros a cada una. Una cantidad, que solicita, sea sufragada conjuntamente por ambos acusados.

U. S. M. está en prisión provisional por esta causa desde el 28 de septiembre de 2018, mientras que su pareja M. C. Q. estuvo privada de libertad por este procedimiento desde el mismo día que el acusado y salió el 1 de abril de 2020. La Fiscalía pide para el cubano 27 años de cárcel por cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, uno de ellos en concurso ideal con tres de agresión sexual y otro en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Para la acusada solicita 20 años de prisión por los cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

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