La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido una condena de siete años de cárcel para una mujer de origen colombiano acusada de traer a una amiga a la Isla para obligarla a prostituirse.
La acusada que responde a las iniciales de L. S. V., de 46 años, negó los hechos este miércoles ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Según su versión, llegó a la Isla en marzo de 2019 debido a que tenía deudas en su país natal a causa de "una situación económica difícil", por lo que se quedó en situación irregular en España. Una vez que arribó a Gran Canaria, sostuvo, buscó a su familia pero no la encontró y por ello se comunicó con una amiga que la puso a trabajar en una casa en la calle Molino de Viento, de Las Palmas de Gran Canaria.
En agosto de 2019 se mudó a una casa que era regentada por otra mujer de nacionalidad colombiana y en octubre se trasladaron juntas a La Garita, en Telde. La investigada relató que la víctima le pidió su contacto telefónico a través de la red social Facebook y fue cuando le comunicó que quería trasladarse a la Isla. "Me dijo que estaba aburrida en su empresa, que quería venirse porque trabajaba mucho y dejaba a los hijos mucho tiempo solos. Me preguntó cuánto ganaba y yo le dije que entre 1500 y 2000 euros", declaró, al tiempo que matizó que no le reveló que ejercía la prostitución.
L. S. V., representada por los letrados Manuel Pérez Toledo y Adrián Ruano Álvarez, negó haberle propuesto a la afectada que trabajase como prostituta ya que su esposo -que vive en Colombia- no supo que se dedicaba a eso hasta hace una semana, por lo que lo mantuvo oculto. "Yo le dije que mi trabajo era alquilar datáfonos a restaurantes en sitios turísticos ya que es algo común en mi país", explicó. La investigada también rechazó haber sido ella la que le dio el dinero a la testigo protegido para comprar el boleto de avión y la bolsa de viaje necesarios para arribar a Gran Canaria.
"Cuando ella llegó a Madrid me pidió que la recibiera porque la persona que la iba a recibir en la Isla no le contestaba las llamadas", apuntó la acusada. Tras recogerla en el aeropuerto de Gran Canaria, la trasladó hasta el domicilio en donde pernoctaba en La Garita al que llegó el jueves 21 de noviembre de 2019. Según la versión de la encausada, la denunciante se marchó del lugar el lunes después de que el domingo mantuviesen una discusión porque le informó que no podía quedarse mucho tiempo en ese domicilio ya que ahí vivía su otra amiga con su pareja y era un piso de una sola habitación.
La investigada niega haber traído a la denunciante a la Isla para prostituirla en Molino de Viento
«Yo le dije que intentaría conseguirle trabajo en un bazar 24 horas de mi tía ya que consiguió uno cuidando a una niña pero le parecía poco dinero», relató la procesada, a la vez que insistió en que nunca le ofreció trabajar con ella alquilando datáfonos ni como prostituta.
La víctima, por su parte, narró a través de una videoconferencia que quiso trasladarse a España para mejorar su nivel de vida ya que allá no tenía casa propia pese a que ganaba bien como vendedora de una empresa de refrescos. "fue una decisión rápida", indicó, al tiempo que añadió que fue a causa de que estaba en una situación "difícil" en Colombia ya que la habían cambiado a una oficina y estaba "cansada de la monotonía" tanto del trabajo como de su noviazgo. La testigo aseguró que fue la acusada quien la contactó mediante la red social para decirle que se trasladara a España.
Como ella, según su testimonio, no tenía dinero para el pasaje, le pidió los cinco millones de pesos (unos 1.194 euros) a una amiga prestados y después la investigada se los hizo llegar mediante una transferencia bancaria. Al llegar a Gran Canaria fue recibida por la encausada quien la llevó a una vivienda en la que estuvo unos tres días. "Solo recuerdo que estaba comiendo algo y después desperté en una casa de Molino de Viento", aseguró entre lágrimas. Ahí, mantuvo una discusión con la procesada "ya que quería que yo me prostituyera. Tuve un problema con ella porque me daño la vida", lamentó. La perjudicada contó que fue "obligada" a mantener relaciones sexuales con dos clientes y fue un tercero el que la ayudó a "escapar". "Yo ya había pensado en suicidarme si no lograba salir de esa casa", agregó.
El policía nacional que instruyó el caso desgranó que tras recibir la denuncia de la víctima pudieron comprobar que entre octubre y noviembre de 2019 la acusada envió a su esposo unos 4.000 euros pese a que la media mensual era de 1.600. Sin embargo, no pudieron acreditar que la investigada costeara el pasaje de la perjudicada ya que la agencia de viajes donde se compró el boleto de avión está en Colombia.
La Fiscalía pidió siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos en concurso ideal con uno de explotación sexual. En cuanto a la responsabilidad civil, no requirió nada porque la víctima prefirió no reclamar cantidad alguna ya que solo pide "estar en paz" porque se encuentra en tratamiento psicológico a causa de estos hechos. La defensa, por su parte, pidió la libre absolución ya que no ve acreditados los hechos y ve contradicciones en la declaración de la perjudicada ya que aseguraron que fue ella quien contactó a la acusada y no al revés. El juicio quedó visto para sentencia.
