El último juicio que quedaba pendiente del caso Unión, derivado de la Operación Jable, ya tiene por fin fecha, siete años después de que terminara la instrucción. Si no hay más aplazamientos, será el 17 de abril de 2023 cuando se sentarán en el banquillo la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, el ex secretario, Felipe Fernández Camero, y las otras 14 personas acusadas junto a ellos en esta causa.
La vista se celebrará ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y está previsto que se desarrolle durante 9 jornadas, concluyendo el 4 de mayo.
Además de Déniz y Camero, en el banquillo se sentarán el ex jefe de Oficina Técnica, Rafael Arrocha, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, el ex secretario del PSOE en Arrecife, Miguel Ángel Leal, y representantes de las empresas Urbaser, FCC y Gamma Instal.
También responderán como partícipes a título lucrativo las parejas de María Isabel Déniz y de Dimas Martín, José Domingo Abreut y Elena Martín, por fondos de los que el fiscal considera que se beneficiaron personalmente, y que procedían de presuntos sobornos.
Además de delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y actividades prohibidas a funcionarios, en la causa se juzgará también un delito de asociación ilícita. Y es que la Fiscalía Anticorrupción considera que Dimas Martín, María Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero y Rafael Arrocha formaron una sociedad organizada para delinquir.
En su escrito de acusación, presentado a finales de 2016, el Ministerio Fiscal sostiene que Dimas Martín, "como máximo líder" del PIL, y María Isabel Déniz, como alcaldesa de Arrecife, se pusieron "de acuerdo" entre 2001 y 2002 para "obtener fondos de forma ilícita procedentes de diversas empresas privadas a través del Ayuntamiento". Y para ello, señala que "era preciso contar con la importante colaboración de dos funcionarios de la Corporación", es decir, del secretario y el jefe de la Oficina Técnica.
