Sucedió en los tribunales: un crimen pasional a las puertas del juzgado

El 15 de julio de 1922, la Audiencia de Las Palmas vivió uno de esos acontecimientos de rareza extrema que se convirtió en la comidilla de los periódicos de la época. Una mujer, Estela Borcos, asesinó a puñaladas a quien fuera su novio, Francisco Dávila -conocido popularmente como Paco, el pianista-, en el patio de los juzgados, cuando este salía de un juicio por haberse peleado con el hermano de su asesina unos días antes. Un crimen de honor que terminó en indulto real, y en una vida que recuperaría la normalidad en una Gran Canaria de primer tercio del siglo XX en la que la sociedad empatizó con el "drama" de la criminal.

Todo comenzó unos años antes, en la Semana Santa de 1920, cuando Francisco y Estela se conocieron. La relación no tardó en fructificar y se fue haciendo más intensa con el paso de las semanas, hasta que la mujer quedó embarazada. Según las crónicas de entonces, Paco el pianista había prometido a su enamorada que, de mantener relaciones íntimas, se casarían. Sin embargo, al nacer el niño, esas palabras se las llevó el viento. Herida en su orgullo, la joven de apenas 26 años llevó ante el juzgado de Vegueta a quien fuera su novio por violación, causa por la que el acusado llegó a ingresar en prisión preventiva, si bien terminó sobreseyéndose al no encontrarse pruebas de que, efectivamente, fuera así.

En ese caldo de cultivo, la afrenta por lo sucedido no hizo sino incrementarse, hasta el punto que uno de sus hermanos, Perfecto Borcos, se peleó a mamporros con el que hubiera sido su cuñado para tratar de enmendar el honor herido de su pariente. Ambos se denunciaron mutuamente en los juzgados, llegando ello a oídos de la propia Estela que, considerando lo ocurrido una vejación más por parte de Francisco Dávila, ideó un plan para acabar con la vida de quien tanto daño había hecho a su familia. Cogió un revólver de su vivienda, así como una navaja de afeitar que había pertenecido a su padre, tal y como detalla el cronista oficial de Santa Brígida, Pedro Socorro, en su obra Sucesos históricos de Gran Canaria, y encaminó sus pasos hacia las dependencias judiciales. En el patio, esperando para entrar a declarar, se encontraba el pianista, por lo que la mujer se le acercó y le encaró, volviéndole a requerir que cumpliera lo prometido. El otro se negó, y entonces todo se precipitó.

Estela Borcos sacó el revólver y llegó a intentar disparar en tres ocasiones, pero el arma se encasquilló. El propio Francisco logró arrebatársela, pero en ese mismo momento, la mujer sacó la navaja y le clavó hasta seis puñaladas, la más profunda y mortal por necesidad en el cuello. La víctima no pudo siquiera llegar al Hospital San Martín, murió en el trayecto en vehículo y los médicos no pudieron hacer nada por él.

Cuatro suspensiones

El juicio contra Estela Borcos iba a celebrarse en un primer momento a finales de enero de 1924 en la Audiencia, pero la mujer no se personó, por lo que se dictó una orden de busca y captura en su contra. El 25 de enero de ese año se procedió a su arresto e ingreso en prisión. Se volvió a intentar celebrar la vista más adelante, en marzo, pero por enfermedad del abogado de la acusada, se tuvo que suspender cuando ya había declarado la propia joven. Y es que hasta cuatro veces se tuvo que posponer la vista oral, por diversas causas, antes de que finalmente se celebrara en octubre del mismo 1924.

Al inicio del juicio, cuando por fin se celebró, el fiscal que llevó la causa, Monzón Rodríguez, solicitaba una pena de 14 años, ocho meses y un día de reclusión temporal para la encausada, así como una indemnización a la familia de la víctima de 5.000 pesetas. El abogado de la acusación particular fue Francisco García, mientras que defendió a la procesada Juan B. Melo, después de haber cambiado de letrado durante el proceso, ya que comenzó con Domingo Massieu Rodríguez.

De hecho, el juicio, pese a haberse suspendido más de medio año antes, se celebró en octubre como si se hubiera reanudado de una sesión el día anterior. Se terminó con la testifical de personas que conocían la relación de la pareja y de la mujer con la familia de la víctima, y fue el momento en que las partes leyeron sus conclusiones finales. La acusación particular se adhirió a la petición del fiscal Monzón Rodríguez, mientras que la defensa sostuvo que debía procederse a la absolución de su cliente.

Indulto de Alfonso XIII

En esa lectura del informe, el fiscal manifestó que no existen dudas sobre la culpabilidad de la procesada, puesto que ella misma declaró muchas veces que si su amante no se casaba con ella, lo mataría, lo que finalmente consumó, y que incluso lo hizo con premeditación. Insistió en que el tribunal condenara a la mujer como autora de un delito de homicidio, sin atenuantes, puesto que Francisco Dávila ni agredió, ni esperaba sufrir la agresión, rechazando a su vez que hubiera "arrebato u obcecación". Una opinión con la que coincidió el abogado de la acusación particular, encarnada en la familia del pianista.

En cambio, el abogado de la defensa, Juan B. Melo, expuso que se trataba de una mujer "engañada" y que la opinión pública se mostró a favor de Estela, al empatizar con su "sufrimiento" en estos meses de "desaires" por parte del que fuera su amante, al que tachó de "degenerado" y "rufián". Fueron tan fuertes las palabras del letrado contra la víctima que el tribunal le llamó al orden para que mostrara el respeto debido al difunto. En cualquier caso, continuó Melo, todo fue resultado de un "arrebato" de su patrocinada y, reincidiendo en que cuenta con el favor del pueblo, pidió al tribunal que le absolviera.

Sin embargo, la Audiencia no compró esos argumentos. Borcos fue condenada a ocho años de reclusión temporal, teniendo que trasladarse a la prisión central de mujeres de Alcalá de Henares, en Madrid. Pero poco tiempo estuvo allí, ya que en junio de 1927, fue agraciada con el indulto del Rey Alfonso XIII, junto con otros ilustres de la crónica negra grancanaria. Concretamente, el falso médico alemán Pablo Bernstein, que junto a un copartícipe, fue condenado a pena de muerte por el asesinato y robo del farmacéutico José Ezequiel Navarro en los Pinos de Gáldar en 1916.

Posteriormente, el mismo Diario de Las Palmas informó, en 1934, de que la señora Borcos había solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un permiso para abrir una taberna en la calle Tamarán de La Isleta. Fue la última vez que apareció, y por una razón muy distinta, su nombre en los periódicos de la isla.