Tirón de orejas del TSJC a los diputados por las carencias de la justicia en Canarias

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha respaldado en el Parlamento autonómico un pacto por la justicia en Canarias, propuesto por el PSOE, y ha preguntado a los diputados si sus comparecencias anuales para presentar la memoria judicial sirven para algo o son «un mero trámite formal».

«Seguimos planteando los mismos o semejantes problemas sin que haya avances significativos», se ha quejado Lorenzo Bragado tras exponer en comisión parlamentaria las deficiencias en la administración de justicia detectadas en la memoria judicial de 2023.

Por eso, ha planteado a la cámara que estas comparecencias se traduzcan «en iniciativas parlamentarias concretas, preferiblemente consensuadas, para abordar los problemas que planteamos» para mejorar la justicia, «con lealtad» y «sin ninguna orientación partidista».

Ante ese planteamiento, el portavoz del PSOE en la comisión, Gustavo Mato, adelantó que su grupo va a proponer un pacto por la justicia al resto de grupos y con los agentes de la justicia, una propuesta que expresamente respaldó el presidente del TSJC.

Lorenzo Bragado emplazó en particular a los diputados a comprometerse con las cuestiones que considera capitales y que figuran en la memoria judicial, entre ellas «más y mejores recursos para la justicia y que se dimensionen en atención a la tasa de litigiosidad».

Otra demanda esencial es que se arbitre un plan de infraestructuras a medio y largo plazo en todos sus partidos judiciales. Citó en particular como fundamental mejorar las infraestructuras judiciales en Santa Cruz de La Palma y Puerto del Rosario.

El presidente del TSJC demandó además culminar la comarcalización de la violencia sobre la mujer y la posibilidad extender este modelo en Gran Canaria y Tenerife a la violencia sobre la infancia.

Juan Luis Lorenzo Bragado insistió también en la necesidad de completar la unificación de los partidos de La Orotava y Puerto de la Cruz y consideró imprescindible la unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona para que este último sea viable.

El presidente del TSJC relató en su comparecencia que en 2023 los 211 órganos judiciales de Canarias registraron un incremento del 5,9% en el número de asuntos, de manera que Canarias sigue siendo la comunidad con la tasa de litigiosidad más alta por cuarto año consecutivo. La pendencia aumentó en un 20,3%, lo cual es «muy preocupante», señaló.

De los 211 órganos judiciales, 118 superaron los indicadores que aconsejan la creación de nuevos órganos, especialmente en materia civil, explicó.

Y pese a ello, subrayó que los órganos judiciales canarios resolvieron un 1,3% más de asuntos, con la tasa de sentencia más alta de España y con un 99% de confirmación de sentencias por el Tribunal Supremo.

Más órganos judiciales

Lorenzo Bragado dijo a los parlamentarios que se requieren más órganos judiciales y que entren en funcionamiento a tiempo. Aunque la creación de los órganos judiciales es competencia estatal, es la comunidad autónoma debe proveer los medios materiales y personales.

Sin embargo, en 2022 se crearon cinco unidades y tres de ellas aún no han entrado en funcionamiento (está previsto para el 30 de septiembre) y en 2023 se crearon otras seis unidades, todas pendientes de su entrada en funcionamiento, en este caso prevista para el 30 de junio. Para 2024, se consideran prioritarias once nuevas unidades judiciales, adelantó el presidente del TSJC.

Otra de las demandas es avanzar en la implementación del expediente judicial electrónico, junto a medios tecnológicos como la doble pantalla para todos los puestos de trabajo, dispositivos PDA que permitan la incorporación de la firma biométrica, equipos que permitan exhibir y digitalizar documentos, escáneres suficientes en todas las oficinas y mejorar la formación del personal.

Lamentó también que el funcionamiento de los dos institutos de medicina legal sea «manifiestamente mejorable».

Lorenzo Bragado se quejó además de los cinco años de provisionalidad del Consejo General del Poder Judicial lo que impide que se realicen nombramientos discrecionales, con lo cual hay cuatro vacantes en cuatro presidencias y en otros tantos miembros natos de la sala de gobierno del TSJC.

Expuso también el rechazo a las «invectivas contra el poder judicial» que atribuyó a «un acuerdo de investidura del que todos guardamos memoria», con referencias al «lawfare» o a la posibilidad de comisiones parlamentarias para depurar las responsabilidades de los jueces.

«Lamentablemente, esos mismos ataques continúan», hasta el punto de que la comisión permanente del CGPJ ha hecho un llamamiento a la contención y a evitar atribuir juicios de intenciones por parte de jueces, dijo el presidente del TSJC.