Enrique Vidania, ingeniero topógrafo contratado por el empresario Jaime Cortezo que ha rebatido el deslinde realizado en la urbanización de Hoya Pozuelo, declaró ayer en el juicio por la presunta estafa de las viviendas de la urbanización que ha podido constatar que "la línea que utiliza la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias en algunos mojones no respeta la línea del deslinde marítimo-terrestre de Costas" y alertó de una posible falsedad documental.
Según Vidania, "en el mojón número 22 hay un error de 13 metros" y no es la única irregularidad. Así, reveló que en el informe de la Apmun, "del cual ellos dicen que es la reproducción fidedigna del deslinde de Costas pasada a sus planos", podría haber "una falsedad de documento público".
"Según la propia demarcación de Costas", afirmó, "el deslinde que está hecho no es correcto; el propio informe de Costas dice que hay errores de metros". A su juicio, cualquier ingeniero que se acercase a la urbanización, viese el deslinde y midiese desde las viviendas litigiosas hasta el borde de la ribera del mar, comprobaría que "no se está invadiendo la zona de servidumbre".
Ante la pregunta de si el arquitecto que llevó a cabo el proyecto podía entender que se estuviera invadiendo la zona de servidumbre, Vidania respondió que "no; a ojos vistas es imposible".
Por su parte, Normando Moreno, abogado experto en derecho urbanístico, que también declaró ayer en la vista que tanto su cliente, Cortezo, como los compradores de los dúplex "fueron víctimas de un sistema kafkiano, que no funcionaba. Se trata de una legislación que no sabía lo que era la ribera del mar; todo se basa en que estas obras invaden parte de una servidumbre y sobrepasan una línea imaginaria que nadie ha trazado", comentó acerca de la Ley de Costas.
Moreno recibió en el año 2000 el encargo del promotor de recurrir las resoluciones que en aquel momento dictaba la Apmun y, según explicó, ha ejecutado todos los recursos posibles para defender la legalidad de las casas, si bien considera que todavía no han sido agotadas las posibilidades de defensa: "No suelo dar por perdido nada sabiendo que aún quedan cosas que se pueden hacer; después de la vía de Estrasburgo, aún quedan otras para resolver este asunto", señaló.
Cuestionado acerca de si la administración estaba obligada, con la Ley de Costas de 1988, a establecer el límite de la servidumbre de protección, Moreno contestó que "todos los deslindes que no estuviesen adaptados a la Ley del 88 tenían que adaptarse según la ribera del mar".
El abogado, que contó que ha elaborado más de 40 expedientes para "intentar llevar el sentido común a este asunto", añadió que "no se podría haber hecho más para tratar de defender la legalidad de las viviendas. Las cosas se pueden contar de manera diferente, pero hemos hecho todo lo habido y por haber" y, añadió que "todavía estamos en disposición de hacer más", dando a entender que aún es posible evitar el derribo.
El proceso judicial continúa el lunes de la próxima semana con las declaraciones de nuevos testigos de la causa en la que será la séptima sesión.
