Una vecina de Cruz de Jerez y su familia piden justicia ante la demolición inminente de su vivienda. La propiedad está a nombre de Rosendo Medina Vega y está construida en suelo rústico especial agrario, motivo por el que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) interpuso una demanda de oficio en 2013. En estos momentos, agotados los recursos judiciales, la familia Medina Calcines tiene hasta el 7 de septiembre para presentar en el juzgado el plan de demolición de la vivienda y quince días para ejecutarlo.
"Nosotros sabemos que hemos cometido una irregularidad porque la vivienda está en suelo protegido, pero lo que pedimos es que se nos trate igual que al resto. La finca matriz cuenta con 20 viviendas y solo se están tomando medidas contra una", explica Rosendo Medina. Una inspección informática por Grafcan es la alegación del Seprona por una contravención con la normativa del planteamiento urbanístico.
La parcela la adquirió Rosendo Medina en 1992, mientras que la casa de madera prefabricada se instaló en 2004 y simultáneamente se fue realizando la otra. Con las obras finalizadas, presentaron los papeles al censo de viviendas irregulares de Telde, con el objetivo de legalizarlas en 2005.
Se contabilizan 20 viviendas
Antes, durante y después de la construcción de su vivienda los alrededores de su casa también fueron creciendo. "Todas las viviendas son de la misma época, pero en la denuncia del Seprona los únicos que aparecemos somos nosotros. Es más, el fiscal incluye en mi denuncia los muros de los vecinos que en el informe del Grafcan se ve que estaban de antes, ¿por qué a ellos no se les denuncia?", reclama Rosendo Medina. Un hecho que corrobora el informe técnico del Ayuntamiento que establece que todas son ilegales.
La familia tiene clara la irregularidad que ha cometido. "Somos conscientes de que fabricamos donde no se debía y sabemos que tanto el juez como el fiscal han hecho su trabajo correctamente. Nuestra pregunta y problema es el Seprona, ¿por qué nos denuncia solo a nosotros?", alega Rosendo Medina. Una pregunta de difícil respuesta y un ejemplo: "Es como si hay tres personas maltratando y solo detienen a una. ¿Eso es justicia?", denuncia Rosendo Medina.
"Si lo que quieren es recuperar la zona por qué no hay denuncia y orden de derribo de las viviendas de alrededor", se pregunta María del Carmen Calcines, esposa de Rosendo Medina, mientras sostiene en brazos a su nieta de cinco meses. La pequeña, junto a su hermano de siete años y su madre, son los que habitan en la casa. "Ha sido muy difícil explicarle al niño que se tiene que ir de su casa porque la van a tirar. Están haciendo un daño que no tiene sentido, cuando alrededor está todo fabricado", alega María del Carmen Calcines.
Pero los problemas para está familia van más allá de la demolición de la vivienda. En el caso de que no sean capaces de presentar el proyecto en septiembre, Rosendo Medina tendrá que entrar en la cárcel. "En 2014 me dio un infarto y cuando aún estaba convaleciente mis hijos y mi mujer me hicieron firmar un acuerdo con el que reducir la pena de cárcel de dos años y dieciocho meses a un año que tendré que cumplir", explica Rosendo Medina.
Su hija y actual inquilina de la casa, Fayna Medina, quien ya se resigna ante la decisión judicial, sostiene que "su alegación no es que se derribe mi casa, porque sabemos que está en terreno ilegal, es que no se actúe sobre el resto. Para recuperar la zona tienen que demoler todas esas viviendas". Sobre todo cuando hay establecido un negocio en la zona y una escombrera que es ocho veces su parcela. "Contra ellos no se toma medidas, pero contra nosotros que encima nuestra parcela es la más escondida se actúa y se denuncia".
Un grupo de familiares y amigos se han movilizado para ayudarles con el objetivo de poder presentar el proyecto. "Ya hemos pagado una multa de 4.000 euros y con mi pensión de 400 euros no puedo pagar el proyecto de demolición que oscila entre los 20.000 y 30.000 euros", añade Rosendo Medina.
Una demolición inminente cuya fecha está marcada en el calendario el próximo 7 de septiembre. Una familia que es consciente de la irregularidad que han cometido, pero que pide justicia y ser tratada de la misma forma que todos sus vecinos.
