La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita hasta 15 años de prisión para los cuatro acusados de una estafa millonaria efectuada a 84 personas, entre ellos, políticos, funcionarios y empresarios de la Isla y cuya cuantía asciende a 2.713.256.47 de euros. El ministerio público considera que la principal acusada Teresa Velázquez de 49 años, su marido, Manuel Santana de 50 años, su hermano José Velázquez de 44 años y el abogado con despacho en Tenerife Antonio Santana de 51 años, planificaron estafar a vecinos y amigos cercanos con la compra de inmuebles y vehículos de alta gama mediante supuestas subastas judiciales.

El escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal revela que Teresa Velázquez "se dio a conocer como una persona que se dedicaba profesionalmente a la gestión de embargos". Para ello, manifestaba que pujaba en subastas judiciales por propiedades inmobiliarias, en especial bungalows situados en el Sur, así como propiedades ubicadas en primera línea del paseo de Las Canteras y en diversas zonas residenciales de Telde y Las Palmas de Gran Canaria. Para convencer a los perjudicados, la acusada les aseguraba que adquiría a muy bajo precio los bienes ya que supuestamente los conseguía por lotes, lo que le permitía posteriormente, "ofrecer los inmuebles en venta a un precio competitivo". Además, según la Fiscalía la mujer establecía una condición, que el cliente depositara antes de la puja que la investigada fijaba sin ningún criterio.

Sin embargo, al tiempo y con el fin de justificar la falta de entrega de las propiedades a los clientes en el tiempo pactado, solicitaba más dinero asegurando que otros subasteros intentaban quitarle los lotes y que para lograr forzar la postura de su puja, esta debía entregar una cuantía mayor. En el supuesto negocio participaba de forma activa el marido de Teresa, Manuel Santana, que, según el Ministerio Fiscal, tenía pleno conocimiento de que su mujer no efectuaba subastas judiciales.

En 2010 comenzaron a ofertar los inmuebles y hasta mediados de 2012, la pareja actuaba bajo su propio nombre, pero con el fin de darle "más confianza" a los clientes, decidieron constituir una sociedad civil el 23 de agosto de 2012, llamada Canarias Gestión de Embargos cuyo local se situaba en la calle Roque número 3 del barrio histórico de San Juan. Los depósitos de los perjudicados eran recibidos por transferencia bancaria a la cuenta de la empresa y en el local físico desde donde, según la Fiscalía, operaba la pareja, lo que evitaba que se generasen dudas en los compradores.

El ministerio público resalta que la procesada captaba a los clientes y les entregaba recibos cuando estos le daban dinero. Su marido, participaba en las labores administrativas y en las reuniones que la mujer mantenía con los perjudicados. Santana también buscaba las fotos de los inmuebles que Teresa Velázquez ofertaría. Todo el dinero que entraba en la cuenta era retirado en efectivo para evitar perder el dinero ante el bloqueo de la cuenta por una reclamación judicial. Otra forma de generar confianza era ofreciéndoles vehículos de alta gama a los clientes por bajo precio, coches que los acusados adquirían a un precio mayor, pero vendían económicos porque aunque perdían dinero, ganaban la credibilidad de los afectados.

Antonio Santana por su parte, era presentado a los perjudicados como el abogado que llevaba a cabo los procedimientos judiciales de los embargos, aunque, según la Fiscalía, tenía pleno conocimiento de que el negocio ofrecido por la pareja no respondía a la realidad. Mientras que José Velázquez ayudaba a su hermana en la captación de clientes y evitaba que los reclamos llegaran a Teresa cuando los clientes comenzaban a desconfiar. Teresa también utilizó a una amiga funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que no tenía conocimiento del fraude, para calmar a los clientes, esta los llamaba desde el Juzgado y les decía que "estaban haciendo unas comprobaciones para poder firmar la propiedad".

Por esto, Teresa Velázquez se enfrenta a 15 años de cárcel, Manuel Santana a 12 años y seis meses de prisión, Antonio Santana a siete años y José Velázquez a seis años más un día de cárcel, por un delito continuado de estafa en el que la pareja responde como autora y los otros dos acusados como cómplices.