El director general de Infraestructuras de Cataluña, Josep Antoni Rosell, ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez que investiga las presuntas comisiones cobradas por CDC a cambio de adjudicar obra pública. El magistrado le ha prohibido salir del territorio nacional y le ha impuesto la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado. El instructor de la operación Petrum ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado para él prisión incondicional.
